EL ESTADO AL RESCATE DE EMPRESAS: ¿ MEDIO o FIN?

ESTADO AL RESCATE DE EMPRESAS: ¿ MEDIO O FIN ? 

 

                   

Imagen: www.elcronista.com

 El contexto de pandemia disemina en el mundo distintas modalidades de asistencia a empresas  del sector privado por parte del Estado. El objetivo de las medidas es sobrevivir al shock  que soporta el tejido productivo: endeudamiento progresivo,  cierre de empresas, destrucción de empleo y caída del consumo por falta de liquidez. 

Se trata de un fenómeno de  crisis  superpuestas de  naturaleza sanitaria y económica, cuyos efectos convergen de manera impredecible sobre la sociedad. La dinámica de la situación  requiere de una sinergia entre recursos humanos de todos los niveles y destaca la importancia en la innovación de la ciencia y la tecnología, sin precedentes. 

 La magnitud del desequilibrio provocada por la pandemia es global con efecto local. Las crisis no admiten comparaciones, tienen su propia tipicidad aun en el mismo país, tal como sucede al pretender comparar la actual crisis de la Argentina con la de 2001 o en España, al buscar paralelismos entre la padecida crisis del 2008 con la actual originada por el Covid-19.

En el presente contexto, algunos gobiernos deciden rescatar empresas que consideran esenciales por el sector que involucran como sería el caso  de  Alemania con la línea Lufthansa, además de proporcionar a las pequeñas, ayudas crediticias y ventajas fiscales.  Otras administraciones se verán enfrentadas a una crisis de deuda sin precedentes, donde grandes y pequeñas empresas no sobrevivirán, porque se encontraran limitadas en su margen fiscal para asistirlas.  

 La pretendida dicótomia entre economía o salud pública, es falsa.  Ambas son un bien económico y corresponde al Estado su tutela y las políticas necesarias para el cumplimiento de los fines que se determinen en beneficio de la sociedad. No son bienes que se excluyen, sino que se complementan.

 El Estado lejos de jugar un papel pasivo o de actor secundario intervine con más fuerza en tiempos de crisis, pero es indudable que la coyuntura de incertidumbre es aprovechada en muchos casos para obtener ventajas, desviándose el interés social y produciéndose por acción u omisión una distorsión entre medios y fines con evidente perjuicio al estado de derecho.

   Considerar que la asistencia crediticia estatal se transforma compulsivamente en participación accionaria de las sociedades que la reciben, como se pretende por estos días en Argentina,  es un abuso no solo en la forma pretendida de instrumentarla sino por las circunstancias  de alta vulnerabilidad que atraviesa el sector privado. [i]      

 

BREVES ANTECEDENTES:

 

   En España tras la crisis del año 2008 con dinero público se acudió al rescate del sistema financiero, en especial de las cajas de ahorro mediante el FROB (Fondo de reestructuración ordenada bancario). Sin embargo distintos informes arrojaron con posterioridad, que muchos de los directivos de esas entidades se retiraron con un bono por  indemnizaciones bastante  indecoroso para los momentos que tuvo que atravesar la sociedad española.[ii]

   El gobierno británico se negó a salvar a Thomas Cook de la quiebra, su filial alemana Cóndor recibió un crédito de 380 millones de Alemania. Las ayudas de este tipo deben administrarse de la forma más limitada posible, dice Daniel Zimmr.[iii] Esto sin embargo no siempre es evidente para los políticos, pues las ayudas estatales pueden ser también muy populares para sus objetivos personales.

   Toda crisis genera una expansión en el proceso de intervención estatal con diferentes matices. Sucedió en Argentina a partir de la crisis de 1929, en Colombia durante la década de 1960 donde el gasto publico cumplió funciones de financiación, en EE.UU. con la  crisis de las hipotecas subprime en el año 2008 y en España, durante la depresión de 2008/2014 que envolvió a toda Europa.

    Hacia 1940/1950 en gran parte de Latinoamérica, el Estado avanzó sobre la industria sin criterio de racionalidad  y con evidentes excesos. Esa cultura de “capitalismo de Estado” de mediados del siglo pasado, continuo siendo pregonada como una bandera propia de la militancia partidaria sin un claro criterio  de eficiencia que llega hasta nuestros días, produciendo una hipertrofia institucional de graves consecuencias.

    Cuando las condiciones de un país son anormales porque no se respeta la propiedad privada, acumula un alto grado de corrupción y su sistema judicial no aparece como defensor de  garantías constitucionales, los capitales privados no invierten y las empresas del sector quedan expuestas a los embates e improvisaciones de las autoridades de turno. En este horizonte aparece el "estado empresario" para intentar reemplazar  capitales privados con fuerte criterio ideológico, lo que resulta peligroso para la calidad de la democracia porque el fin justifica los medios.

     Andres Ferraris Hines con acierto señala que la intervención  del Estado en la economía es un hecho regular, lo que cambia es la magnitud y orientación de su actuación, que se explica por coyunturas sociopoliticas y sobre todo geopolíticas, no por tecnicismos economicistas.[iv]  

 

                  

    La historia industrial argentina y de buena parte de Sudamérica, enseña que durante la década de 1960/1970 creció la injerencia estatal en la tenencia de acciones de firmas privadas para evitar  quiebras y asegurar una llamada paz social. La ley Nº 17.505/67 de rehabilitación de empresas, disponía que el Estado canjeaba deuda de naturaleza fiscal de sociedades privadas por acciones. 

     Entre las empresas que se acogieron a la ley mencionada, se encontraban  SIAM y Opalinas Hurlingam S.A.-donde el Estado nacional llego a detentar más del 90% de las acciones- ambas terminaron en un largo proceso de quiebra con notorios perjuicios a los acreedores por un lado y a los contribuyentes por otro[v]. La experiencia de este exceso fue negativa para el país, porque contribuyo al endeudamiento público improductivo.

 

 

INJERENCIA ESTATAL COMO MODALIDAD DE MERCADO

 

   La producción de la riqueza se encuentra vinculada al desarrollo, bienestar y salud general de las sociedades, el Estado debe asegurar la continuidad de  empresas para sostener un tejido económico, las cuales sin injerencia estatal en casos excepcionales, podrían provocar mayores daños a la dinámica económica del país.  

   El Estado no  puede sustituir  empresas, pero si asistirlas con las debidas garantías.  A finales de abril de este año, los gobiernos de Francia y Holanda, que mantienen cada uno un 14% de participación en AirFrance-KLM, anunciaron un paquete de ayuda para la empresa. El rescate del gobierno francés consiste en préstamos en la forma de créditos bancarios garantizados por el Estado y préstamos estatales directos. La medida se encuentra sujeta, entre otras cosas, a que la compañía desarrolle un nuevo plan comercial para afrontar la crisis. [vi]

     Si el sector privado recibe asistencia estatal, como consecuencia de una situación de fuerza mayor como lo es la crisis sanitaria, el Estado no puede luego justificar su  injerencia de manera discrecional en las sociedades asistidas con el argumento de que es una modalidad de mercado. El sector privado no está en capacidad de responder a ciertas exigencias en situaciones críticas, el Estado sí porque viene demostrando una centralidad organizativa, una tutela estatal en sentido amplio que las circunstancias de excepción ameritan. 

        El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú publicó un programa meses atrás “Reactiva Perú”, que apoya a las empresas para mantener la cadena de pagos en tiempos de Covid-19. El gobierno argentino por su parte, creó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria, que incluye varios beneficios: entre ellos, la reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales y una asignación compensatoria al salario, para los trabajadores de hasta el 50% según el caso.

  Recientemente Perú dispuso de un decreto por el cual modifica ese programa con el objetivo de "...ampliar el alcance y mejorar las condiciones de acceso en beneficio de las microempresas".[vii] En la Argentina, por el contrario, desde ámbitos legislativos se pretende ahora sustituir la asistencia crediticia por acciones de las empresas beneficiadas, entendiéndola como una capitalización y no como una  confiscación, lo que ha llevado a muchas pymes a renunciar al beneficio. La elegancia precede al vuelo, se olvidan los gobiernos que uno de los fines de los decretos y las leyes, es que se las puedan aplicar.      

 www.france24.com


    En este camino también se encuentra  la reciente propuesta de algunos legisladores de nacionalizar en Argentina, la empresa en concurso de acreedores “Vicentin S.A.” para que se convierta en una empresa pública no estatal “bajo control político y social" con fundamento en evitar mayor concentración y extranjerización  del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria.[viii]

   Como se sabe la economía social de mercado se basa en la convicción de que el mercado en combinación con la propiedad privada de los medios de producción constituye tanto la modalidad más eficiente de coordinación económica, como también una condición necesaria para garantizar la máxima libertad política[ix]. Según esto, es tarea del Estado velar por el buen funcionamiento del mercado e intervenir en situaciones de excepción para asegurar el bienestar general y la paz social. 

      Sin embargo no debe confundirse la injerencia estatal como forma de equilibrar el mercado en situaciones de excepción, a la injerencia estatal para estatizar el mercado, regular toda la economía y suprimir las libertades individuales.

                           

  ASPECTOS FINALES

      

        Cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. Lamentablemente en algunos países la injerencia estatal es más proclive a impedir el desarrollo económico que a impulsarlo. Aprovechando situaciones de excepción, como la pandemia y la recesión provocada por ella, algunos gobiernos se portan peor que las empresas a las que debe regular o asistir.  

               Cualquiera sea la  magnitud de la crisis, se sale con confianza e institucionalidad. Que la crisis sanitaria y económica  no se transforme en inseguridad legal, dependerá de la forma en que los ciudadanos ejerzan sus derechos económicos de manera activa. Como señalo un gran estratega y filósofo chino, sin conocer el peligro no se lo puede vencer. 

 Carlos Alberto Ferro

 



 



[i] Vallejos explico cómo sería el proyecto para que el Estado se quede con una participación de las empresas a la que asiste" en www.infobae.com del 21.05.20

[ii] Fernando Goma Lanzon "Si hay rescate público de empresas privadas no puede haber bonus millonarios" en www.hayderecho.expansion.com del 8.04.20

[iii] Daniel Zimmer, director del Instituto de Derecho Comercial y Económico de la Universidad de Bonn en: ¿Debe el Estado rescatar a las empresas? www.dw.com

[iv] Andres Ferrari Hines ¿Se puede aceptar la intervención del Estado inmaculadamente? www.cronista.com 18/4/20

[v] Rougier Marcelo y Jorge Schvarzer:" Las grandes empresas no mueren de pie: el ( o) caso de Siam  ed. Norma 2006

[vii] www.gestión.pe del 28/4/20 y www.sela.org del 1/6/2020                                                                                                                                   

viii] “La izquierda propone nacionalizar Vicentin S.A.” en https://www.pts.org.ar/ del 28.03.20; “Piden que el gobierno transforme Vicentin, en una empresa pública” en https://news.agrofy.com.ar/

[ix] Alfred Pfaller, "El Estado en la economía social de mercado..." Bonn  FES Library 1997 versión on line 


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