foja: 164
CUIJ: 13-04911293-3/1((020302-17130))
EL CERRITO S.A. EN J°45329/17130 "EL CERRITO S.A., PRUNE S.R.L. Y
DORA ASSENZA DE RAMOS P/ QUIEBRA P/EXTENSIÓN" P/ RECURSO EXTRAORDINARIO
PROVINCIAL
*105284978*
En Mendoza, a treinta días del mes
de mayo del año dos mil veintiuno, reunida la Sala Primera de la Excma.
Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia
definitiva la causa n° 13-04911293-3/1 (020302-17130), caratulada: “EL
CERRITO S.A. EN J° 45329/17130 EL CERRITO S.A., PRUNE S.R.L. Y DORA ASSENZA DE
RAMOS P/ QUIEBRA P/EXTENSIÓN P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL”.
De conformidad con lo
decretado a fojas 163 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la
causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros
del Tribunal: primero: DRA. MARÍA TERESA DAY; segundo: DR.
JULIO RAMÓN GÓMEZ; tercero: DR. PEDRO JORGE LLORENTE.
ANTECEDENTES:
A fojas 22/52 vta. el
Dr. Pablo Sebastián Calleja; en representación de los recurrentes, interpone
Recurso Extraordinario Provincial contra la resolución dictada por la Excma.
Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Tributario y de
Familia de la Segunda Circunscripción Judicial a fojas 2735/2745 de los autos
n° 45.629, caratulados: “El Frutal S.R.L., El Cerrito S.A., Prune SRL y Dora
Assenza de Ramos p/ Quiebra por Extensión”.
A fojas 114 se admite
formalmente el recurso deducido, se ordena correr traslado a la parte
contraria, quien a fojas 149 contesta solicitando su rechazo.
A fojas 152/154 vta.
se registra el dictamen de Procuración General del Tribunal, quien aconseja el
rechazo del recurso deducido.
A fojas 162 se llama
al acuerdo para dictar sentencia y a fojas 163 se deja constancia del orden de
estudio para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores
Ministros del Tribunal.
De conformidad con lo
establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantean las
siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el
Recurso Extraordinario Provincial interpuesto?
SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución
corresponde?
TERCERA CUESTIÓN: Costas.
A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA
TERESA DAY, DIJO:
I. RELATO DE LA CAUSA.
Los hechos relevantes para la
resolución de la causa son, sintéticamente, los siguientes:
1. A fs. 2471/2491 con
fecha 05 de abril de 2019 los fallidos El Frutal S.R.L., El Cerrito S.A., Prune
SRL y Dora Assenza de Ramos interponen un incidente innominado con el objeto de
que se suspenda en forma inmediata el proceso de liquidación de los bienes de
los fallidos tanto en la presente quiebra (por extensión) como en la falencia
principal (correspondiente al Sr. Eduardo Ramos).
Promueve la ponderación de una serie de
acontecimientos que se superponen con el trámite de la instancia principal y
que ameritan la interrupción inmediata de la liquidación del patrimonio.
Aduce que los fallidos y los acreedores
presentantes entienden que, dadas las características e importancia de los
bienes que el Juzgado propicia vender, amerita como solución que mejor va a
satisfacer los intereses de todos los sujetos interesados, adoptar un modo
de conclusión de la quiebra sin liquidación de bienes.
Indica que no se puede soslayar el
desguace del patrimonio fallido que hasta ahora se lleva adelante, separado,
aislado de la crítica situación económica que soporta el país, contexto que
agudizará los magros resultados de los remates realizados hasta la fecha que no
traen ninguna solución a la masa de acreedores y sí traen perjuicios
irreparables al patrimonio en crisis.
Afirma que las distintas formas de
realización de los bienes dispuestas no prosperarán ni resultarán operativas
hasta que la venta se disponga sin base, lo que equivale a dilapidar
negligentemente un patrimonio valiosísimo. Que el proceso de liquidación se
convertirá en un trámite de destrucción de riqueza que no servirá para
satisfacer a la masa de acreedores, por seguir a ciegas, sin examen de
contexto, las normas del régimen legal de concursos y quiebras.
Que el proceso liquidativo que avanza
resulta, en el caso concreto, improcedente por razones de mérito y oportunidad,
estando sumidos en un período de severa recesión, lo que no augura inversores
para el sector.
Efectúa consideraciones en torno a la
legitimación para plantear la incidencia. Aduce que, atendiendo a las
características y valores de los bienes recuperados a través del distracto
dispuesto en autos, por el que Surcred SRL transfirió a El Cerrito SA la
titularidad registral de inmuebles valiosos, entre ellos la planta fabril de
calle Tirasso, es posible concluir la quiebra por un modo no liquidativo,
postura que es compartida por distintos acreedores.
Indica que no se pueden obviar los dos
procesos de recomposición patrimonial llevados adelante por sindicatura y que
no encuentra explicación a la postura del Juzgado de propiciar a toda máquina
malvender los bienes. Que no puede descartarse con la sola invocación de los
arts. 217 y 255 de la Ley Concursal.
Argumenta que no se ha emplazado al
Síndico respecto a la forma en que deben ser realizados los créditos
conforme los arts. 216 y 182 de la LCQ. Que nada ha dicho sindicatura sobre los
créditos verificados en el concurso de Senarega Nelson a favor de Eduardo
Ramos, El Frutal SRL y Prune SRL, a pesar de que se impone al síndico el deber
de procurar el cobro de los créditos adeudados por el fallido. Que ello impone
un emplazamiento a sindicatura con la misma enjundia que los destinados a
rematar los bienes hoy líquidos.
Postula que tampoco ha hecho referencia
sindicatura a las consecuencias que para la quiebra de masa única representará
el trámite y resolución de los autos N° 45.949 “Síndico en j° 38206 Ramos
Eduardo M. y otras p/ Q.N. CP HS. quiebra c/ Sucesores de Oscar F. Russo, Los
Parques SRL ER, y Dora Assenza p/ Acc, de Simulación y Rev. Ord.”, proceso de
recomposición patrimonial en el que se persigue el recupero de un bien
valiosísimo para la quiebra, que tiene significación económica de poder
cancelar el pasivo.
Que ofende al sentido común que se
intente la liquidación de un establecimiento fabril en funcionamiento, de
fincas, de las viviendas de los fallidos, estando próximos al desenlace de dos
procesos seguidos por sindicatura, con capacidad de incorporar al patrimonio
bienes que superan el pasivo. Recuerda el hecho inédito referido a que Surcred
SRL ofreció espontáneamente la transferencia registral de ocho inmuebles.
Cita doctrina referida a la figura del
avenimiento. Aduce que para concretar dichos acuerdos se necesita del
patrimonio y de interesados en los bienes. Que el desguace por liquidación
indiscriminada de bienes no le sirve a nadie y los acreedores no serán
satisfechos en su totalidad. Solicitan que no se cause un perjuicio inútil.
Indica que no hace falta recurrir a
prácticas adivinatorias o de mera especulación, el activo tiene suficiencia
para avizorar dividendos para los acreedores.
Relata actuaciones procesales referidas
a los expedientes por simulación y revocatoria en los que los demandados
ejercieran prácticas dilatorias y desleales. Que aparece como manifiesto que en
el trámite de liquidación de bienes se imprime un trámite urgentísimo y que no
se debe premiar la mala fe exteriorizada en los distintos procesos conexos por
el grupo Russo.
Efectúa consideraciones en torno al
principio de conservación de la empresa. Argumenta que la defensa del crédito e
igualdad de trato a los acreedores, la salvaguarda de la integridad patrimonial
del deudor y la preservación de la actividad empresarial útil siguen actuando
como principios orientadores del derecho vigente.
Solicita se haga lugar al pedido, que
cuenta con el asentimiento y conformidad de diversos acreedores. Que si se
sigue desperdiciando la hacienda fallida por medio de perniciosos remates y
licitaciones, se dará la hipótesis de la clausura de la quiebra, sin conclusión
y luego la reapertura, ante la incorporación de nuevos activos, una vez
sentenciadas las causas de recomposición patrimonial pendientes. Que ese
inconmensurable perjuicio sin beneficio para los acreedores no debe provocarse.
Afirma que la liquidación de bienes
urgente llevada adelante por el Tribunal viola derechos de raigambre
constitucional y no respeta los principios rectores de la legislación
concursal.
Señala que acompaña presentaciones de
acreedores, que prestan adhesión y conformidad a que se suspenda el proceso de
liquidación de bienes hasta tanto recaiga sentencia en los procesos de
recomposición patrimonial. Que estos acreedores interesados son los legitimados
para opinar respecto de la forma que consideran más beneficiosa para percibir
sus créditos.
2. A fs. 2492/2539 obran
escritos por los que diversos acreedores, tanto de la quiebra principal como
por extensión, prestan conformidad con la suspensión de la liquidación de
bienes hasta tanto se dicte sentencia en los autos N° 45.949, “Síndico en
j° 38.206 Ramos Eduardo Manuel y Dora Assenza de Ramos p/ Quiebra Necesaria Hoy
Conc. Prev. - Hoy su Quiebra c/ Suc. Univ. de Oscar F. Russo, Los Parques
S.R.L., E. Ramos y Dora A. De Ramos p/ Ac. Sim. p/ Ordinario” y Autos N°
45.948, caratulados: "Síndico en j° 38206 Ramos Eduardo y Dora Assenza de
Ramos p/ Qbra. Nec. -HOY Conc. Prev. Hoy Su Quiebra c/ VAF S.R.L. y Vertientes
Naturales S.R.L. p/ Acción Revocatoria (ORDINARIO)”.-
Ellos son: Eduardo Casado (como
cesionario de los créditos de Gonzalo Luis Taboas, Miguel Ángel Bondino,
Gonzalo Fernando Rivero, Vanesa Johana Nieto, Guillermo Jesús Vizcaino y
Departamento General de Irrigación), Gonzalo Luis Taboas por Alberto Maggioni,
Luis Francisco Martos en representación de la Obra Social del Personal de la
Industria de la Alimentación, Oscar Demuru por Los Maitenes SRL, Mario Rubén
Antolinez por Edificar Grupo Constructora SRL, Gustavo Daniel Delpozzi por su
propio derecho y por Hernando Esteban Giraudo y Orlando Tomás Giraudo y Facundo
Ochoa y FGH S.A. y Ramón Sánchez e hijos SRL, Omar Ermesto Arab, Ricardo Luis
Gatica (como cesionario de Prevención ART) yArmando Jorge Delpozzi.
3. A fs. 2549 se corre
vista a sindicatura, quien contesta a fs. 2557/2560 en forma favorable a lo
peticionado. Explica que tiene convicción respecto de la procedencia de los
procesos de recomposición patrimonial, lo que implicará un importante ingreso
de fondos que pueda permitir satisfacer el pasivo de la causa principal como de
su extensión.
Que también existen otros créditos que
incorporó dentro del activo de la quiebra y se refieren a créditos declarados
verificados en los autos N° 44.479, “Senarega Nelson Mario p/ Conc. Prev.” a
favor de El Frutal SRL y Prune SRL. Que considera oportuno realizar los
reclamos judicialmente una vez conocido el resultado de la demanda ya iniciada.
Que, con respecto a la causa N° 45.949,
tiene la convicción de que la misma resultará procedente e implicará un
importante ingreso de fondos que puedan permitir satisfacer el pasivo o
gran parte de éste, pero lo que no puede saber es el valor de recupero que
significaría la recomposición patrimonial que se persigue.
Indica que este pedido va en dirección
hacia una de las posibilidades de conclusión de la quiebra como lo es el
avenimiento. Que encuentra sustento en el respaldo de los acreedores que
vislumbran la posibilidad de llegar a satisfacer sus acreencias sin necesidad
de un proceso liquidativo en el cual, casi con seguridad, la expectativa de
lograr buenos resultados es casi imposible.
4. La juez concursal rechaza el
incidente innominado en base a las siguientes consideraciones:
. El fallido está intentando la
suspensión del proceso de liquidación de los bienes que integran el activo
falencial, con una actitud claramente obstruccionista del iter procesal y
sosteniendo como fundamento razones inatendibles.
. Al expresar que el contexto económico
del país es adverso a la liquidación de bienes y que las mismas no prosperarán
ya que nos encontramos transitando un proceso de recesión económica, resulta
ilusorio pensar que se debe esperar a estar en auge económico próspero para
poder realizar los bienes de la quiebra. Se pregunta cuánto tiempo debería
estar paralizado el proceso hasta tanto nuestro país navegue por periodos de
bonanza económica.
. El ordenamiento falencial establece
la posibilidad de conclusión de quiebra por un modo no liquidativo. Para ello,
es necesario que se acompañe el consentimiento expreso de todos los acreedores
verificados mediante escrito cuyas firmas deben ser autenticadas por notario o
ratificadas ante el actuario. Sólo cuando se cumplen los requisitos exigidos se
suspende el trámite del concurso. En este proceso, no existe una sola carta de
avenimiento de algún acreedor que exprese su adhesión a la petición de
conclusión de la quiebra como así tampoco existe el pedido formulado por
los fallidos. Sólo han acompañado expresión de deseo de algunos acreedores a la
suspensión del proceso de liquidación de bienes hasta tanto se dicte sentencia
en los autos N° 45.949 y autos N° 45.948.
. No resulta ésta la oportunidad
procesal para expedirse respecto al resultado de las acciones de recomposición
patrimonial incoadas por la Sindicatura. Advierte que aún cuando se dictara
sentencia, las mismas son susceptibles de recursos y seguramente la tramitación
de los mismos hará transcurrir un tiempo inestimable.
. Obviamente que la Sindicatura no ha
podido hacer efectivo el cobro de los créditos de los fallidos en el concurso
de Senarega. Ello será posible, una vez obtenida sentencia, que le sea
favorable y que adquiera firmeza.
. No advierte cuál es el fundamento de
solicitar la suspensión del proceso hasta tanto se obtenga sentencia firme en
los procesos de recomposición patrimonial, si ya se cuenta con bienes inmuebles
que son de realización pronta y posible y que son de titularidad de los
fallidos.
. Los propios fallidos sostienen que
poseen un secadero que tiene un valor de realización, como así también los
inmuebles que se han reincorporado al activo mediante la suscripción del
distracto.
. Confunden los fallidos los principios
procesales, en especial el de la conservación de la empresa. El establecimiento
no está en funcionamiento, está alquilado a un tercero y sólo se obtiene para
este proceso el canon que abona la Cooperativa Capilla del Rosario Ltda.
. La suspensión en la liquidación de
bienes que peticionan los fa-llidos ya fue decretada por el Tribunal. Desde la
interposición del incidente innominado, nada ha sucedido en cuanto a la
presentación de un acuerdo con acreedores (avenimiento), aún cuando han contado
con meses de suspensión en la liquidación de bienes. En la inteligencia de dar
una oportunidad a los fallidos, se dispuso la suspensión de la subasta ordenada
en autos.
. Si tienen cuestionamientos que
formular a la actitud procesal que asumió Surcred y el grupo Russo en
oportunidad del dictado de quiebra por extensión, al devolver los inmuebles que
se formalizó mediante distracto, no es este el proceso para realizar tal
reclamo.
. La petición no puede encuadrarse
dentro de las "medidas conservatorias" a que alude el art. 110 de la
Ley Concursal, pues esa legitimación es residual y tiene una limitación muy
concreta: no puede aplicarse cuando, como en el caso, el síndico se encuentra
en funciones, ni puede ser utilizada de manera obstruccionista a las mandas de
la normativa concursal, en especial el artículo 217. Como consecuencia de ello,
no les es permitido formalizar incidencias con el fin suspender la liquidación
de los bienes que integran su activo.
El decisorio es apelado por los
fallidos.
6. A fs. 2735/2745 la Cámara de
Apelaciones rechaza el recurso de apelación incoado. Razona del siguiente modo:
. Los apelantes cuestionan inútilmente
la conclusión relativa a la falta de legitimación, por cuanto el a quo partió
de una visión que, en abstracto, no es incompatible con la que ellos proponen.
Ello, en tanto no niega en general la legitimación del fallido sino que
concluye que no se le permite -en el caso concreto- formalizar incidencias con
el fin de suspender la liquidación de los bienes que integran su activo.
. La pretensión se encuentra en frontal
contradicción con lo que los precedentes jurisprudenciales que señalan como
finalidad del art. 110 LCQ evitar que el quebrado pueda valerse del litigio
para disponer de su patrimonio. Precisamente: la obstaculización de la
liquidación es una vía indirecta por la cual pretenden disponer de su
patrimonio en cuanto apuntan, en el caso, a mantener sine die la esperanza de
recupero de sus bienes, en detrimento de la legítima expectativa de los
acreedores de percibir, a la brevedad, sus acreencias.
. Independientemente de la actitud de
colaboración con la Sindicatura, la incidencia se orienta a supeditar la
liquidación de bienes presentes, al hipotético recupero de bienes supuestamente
fugados.
. La pretensión no puede ser juzgada
sino como obstructiva de la actividad de los órganos de la quiebra,
orientada clara y terminantemente por el art. 203 a la “inmediata” realización
de los bienes.
. Una de las características de la Ley
Concursal es la de imprimir celeridad a la etapa liquidativa de la quiebra, y
esa urgencia -que se infiere de lo dispuesto por los arts. 203 y 217- responde
a la finalidad de arribar cuanto antes a la distribución de los fondos, con el
propósito de suavizar el impacto negativo que el incumplimiento del deudor ha
tenido en el patrimonio de los acreedores. . Una decisión judicial que, a
pedido del fallido, ordenara la suspensión de la realización de los bienes,
contando con la anuencia de algunos pero no de “todos” los acreedores,
resultaría violatoria del principio pars conditio creditorum, tan caro al
ordenamiento concursal (art. 16 LCQ).
. El Juez sólo puede interrumpir el
trámite del concurso cuando se cumplen los requisitos del avenimiento, que en
el caso no se han cumplido (arts. 225 y 226 LCQ).
. Aún aplicando la normativa concursal
con un criterio de prudente razonabilidad, el 08 de abril del corriente año la
Sra. Juez Inferior dispuso a fs. 2540 -con motivo de la interposición del
incidente innominado y “en la inteligencia de dar una oportunidad a los
fallidos”, según explica a fs. 2564- la suspensión de la subasta que había
fijado para el 15 de ese mes. Y al rechazar el incidente el 26 de junio, valoró
que a pesar de la suspensión desde abril, “nada ha sucedido en cuanto a la
presentación de un acuerdo con acreedores (avenimiento)”.
. Nadie desconoce que, cuando el activo
del fallido se ensancha, los acuerdos de avenimiento se facilitan. Sin embargo,
aún con la composición actual del patrimonio de los apelantes, las alternativas
de acuerdo pueden ser infinitas. No es función del Juez Concursal
suspender la realización de los bienes para favorecer, a ciegas, alguna
supuesta alternativa de acuerdo, en perjuicio de quienes no participan de ella.
. Tampoco desconoce que las acciones
para recuperar créditos admitidos en el Concurso de Senarega a favor de los
apelantes, así como el proceso ordinario seguido contra los sucesores de Oscar
Francisco Russo y Los Parques SRL, generan expectativas optimistas en los
quebrados. Pero el a quo ha expuesto con acierto que no resulta ésta la
oportunidad procesal para expedirse al respecto y que, aun cuando se dictara
sentencia, las mismas son susceptibles de recursos y seguramente la tramitación
de los mismos hará transcurrir un tiempo inestimable.
. Los fallidos porfían en obtener un
adelantamiento de opinión en torno a una acción de simulación y/o revocatoria
y/o ineficacia de considerable complejidad.
. Fundar la suspensión de la realización
del activo en la posibilidad de que los demandados Russo-Los Parques SRL se
avengan a negociar en caso de una sentencia adversa, supone efectuar esa
valoración anticipada que se estima improcedente.
. Los disconformes, con el
acompañamiento del Síndico y de algunos acreedores, pretenden someter al resto
de quienes han obtenido sentencia de verificación y/o admisibilidad de sus
créditos, a una espera sin plazo determinado, en función de unas expectativas
respecto de las cuales el Juzgado no puede anticipar opinión pues no está en
situación de expedirse.
. No todos los acreedores han dado su
anuencia a la pretensión de los incidentantes. Si la conformidad de “todos” es
necesaria para viabilizar una solución no liquidativa, el mismo requisito debe
exigirse para una decisión que, por su manifiesta contradicción con el mandato
de inmediata realización de los bienes y con los postulados de celeridad y
economía del trámite concursal, afecta los intereses de todos los
acreedores.
. Si no les satisface la actuación de
la Sindicatura, deberían formular las peticiones y solicitar los emplazamientos
que consideren pertinentes. Los disconformes cuentan con los mecanismos
procesales y/o institucionales para cuestionar o denunciar las arbitrariedades
que consideren configuradas.
. La doctrina que citan, referida a
acuerdos extraconcursales que posibilitan el avenimiento, no resulta aplicable
a las circunstancias concretas del presente proceso, en el que -como destaca el
Inferior- no se ha presentado ni un solo acuerdo de avenimiento, a pesar de
haberse ordenado la suspensión de la subasta fijada para abril pasado.
. Se ha previsto que el establecimiento
industrial sea vendido como una unidad económica (resoluciones de fs. 2289/2290
y 2324/2329, informe de fs. 2381/2382, pliego de fs. 2459/1461), lo que
relativiza el desguace que avizoran los quejosos.
. Las subastas constituyen una
herramienta necesaria para la inexorable liquidación del patrimonio y los
resultados hipotéticamente insatisfactorios para el deudor que sufre la
ejecución forzada, no autorizan a suspender la realización de los bienes, si no
se dan las condiciones para una conclusión no liquidativa.
. Si bien son múltiples y razonables
las críticas que ha merecido el art. 217 LCQ por la exigüidad de los plazos allí
establecidos, la norma transmite un mandato ineludible al Juez.
. Es imposible predecir si la
liquidación de los bienes existentes permitirá o no satisfacer la totalidad de
los créditos con sus accesorios legales, como tampoco puede asegurarse que el resultado
de los procesos pendientes pueda satisfacer íntegramente a los acreedores.
. Más allá de los beneficios que pueda
haber reportado hasta ahora el alquiler a la Cooperativa de Trabajo en orden a
la conservación del establecimiento, no se advierte que de la continuidad
de esa contratación puedan resultar ganancias que permitan el pago a los
acreedores y la cancelación del pasivo. Por otra parte, la Cooperativa de
Trabajo Agrícola Capilla del Rosario Ltda. no es una empresa que se haya
vinculado con la quiebra en los términos de los arts. 48, 48 bis, 187, 189,
190, 191, 191 bis, 192, 195, 196, 197 de la LCQ (texto según Ley 26684), sino
que está constituida en 1990 y ocupa el establecimiento en virtud de un
contrato de locación celebrado en 2010 y prorrogado en 2015. En dicha
presentación no se hace alusión alguna a personal de la fallida.
. En el informe del art. 190 y con
referencia a las fallidas El Frutal SRL y El Cerrito SA, el Síndico dijo que en
cuanto a la continuidad de la explotación de la actividad de la fallida, no
desarrolla actividad industrial que merezca analizar esta posibilidad.
Contra este decisorio se alzan los
recurrentes mediante recurso formalmente admitido.
II. ACTUACIÓN EN ESTA INSTANCIA.
a. Agravios de los recurrentes.
Aducen que se ha incurrido en causal de
arbitrariedad (art. 145 inc. D, CPCCTM) al no valorar ni merituar los remates
ruinosos llevados a cabo hasta la fecha y la situación económica del país, esto
es, al omitir hechos públicos y notorios.
Sostienen que no puede soslayarse el
análisis del desguace del patrimonio del fallido, con total indiferencia y
aislamiento de la crítica situación económica que soporta el país, contexto que
agudizará los deficitarios resultados de los remates realizados hasta la fecha,
que no traen ninguna solución a la masa de acreedores y en cambio producen
graves daños.
Que advirtieron que las formas de
realización de los bienes dispuestas no prosperarían hasta que su venta se
dispusiera sin base y ello equivaldrá a dilapidar negligentemente un patrimonio
valiosísimo, porque el proceso de liquidación se convertirá en un trámite de
destrucción de riqueza que no servirá para satisfacer a la masa de acreedores.
Afirman que los juzgadores no han
tratado seriamente este tema, sino que lo hicieron en forma tangencial y
despectivamente, porque sostuvieron que no era posible dilatar la liquidación
de bienes hasta que la economía del país se recomponga.
Refieren que no fue materia de
tratamiento el sucesivo fracaso de subastas por ausencia de postores que ni
siquiera ofertaron por la base, como el magro resultado de los remates
realizados, que todo ello se trata de una cuestión esencial y de un hecho
notorio. Que el decisorio no ha sido debidamente fundamentado y no ha asegurado
la defensa judicial de los derechos involucrados.
Que el decisorio solo se apoya en el
voluntarismo de los jueces, la consideración de que sólo pretende obstruir el
proceso de liquidación, resultando claro que lo que se pretende es otra cosa,
que no se siga dilapidando el activo sin esperar la resolución de las causas
ordinarias citadas.
Sostienen que la queja ante la Alzada
también estuvo dirigida a la ausencia total de consideración de las
escandalosas irregularidades cometidas, omitiendo ejercer su jurisdicción y
competencia y ejercer con plenitud las irrenunciables atribuciones de dirección
del proceso que le otorgan los arts. 274 LCQ y 46 CPCCTM, no aplicando o
interpretando erróneamente los arts. 133/142 del código.
Que se esgrimió como agravio concreto
que no resultaba ajustado a derecho que el fallido que ha sido un sujeto
colaborador de sindicatura y del juez, a fin de ampliar la base patrimonial
para responder por sus deudas, no pueda aspirar a reunir la totalidad de su
patrimonio para canalizar un modo de conclusión de la quiebra no liquidativo.
Se quejan de la argumentado en orden a
que el juez solo puede interrumpir el trámite del concurso cuando se cumplen
los requisitos del avenimientos que, en el caso no se han cumplido (arts. 225 y
226 LCQ). Que existe una interpretación torcida de la Cámara que no respeta el
principio procesal de congruencia entre la pretensión y su resolución. Que está
claro que para concretar los acuerdos, se necesita del patrimonio y de
interesados en algunos de los bienes que lo componen.
Que también se pregonó, sin éxito, que
el patrimonio se ensanchará enormemente una vez fallado el proceso ordinario,
con capacidad propia para superar per se, el total de pasivo admitido a la
fecha.
Aducen que si se sostiene que hay
inmuebles listos para rematar, es porque no se leyó lo argumentado, ni se
repasó las constancias de autos, ni los respectivos informes de subasta que dan
cuenta de la pérdida de valiosos bienes por precios irrisorios.
Que se ha omitido valorar el análisis
meduloso de los expedientes ordinarios de recomposición, la conformidad expresa
de representativos acreedores y los ruinosos remates llevados a cabo, por lo
que hay apartamiento de las circunstancias de la causa.
Indican que también existe
arbitrariedad y ausencia de merituación de hechos notorios, pues la Cámara
debió razonar que si en el juicio de recomposición patrimonial, los demandados
han ofrecido prueba para acreditar que las mejoras que pisan sobre el inmueble
son de su propiedad es porque ab-initio saben que se probará que el dominio del
inmueble (lote sobre el que se construyó el edificio) no es de su propiedad.
Afirman que lo que pretende es que se
resuelvan de una buena vez los expedientes de recomposición patrimonial,
arbitraria e ilegítimamente demorados por la juez concursal.
Que los autos principales dan cuenta de
un hecho inédito, ante el dictado de la sentencia de quiebra por extensión, el
Grupo Russo, a través de una de sus sociedades, Surcred SRL, ofreció
“espontáneamente” la transferencia registral de ocho inmuebles, traspaso que
fue encauzando el juzgado con la intervención del sindico. Que este descomunal
allanamiento anticipado no ha llamado la atención de los juzgadores.
Argumentan la existencia de un contexto
genérico de mala fe, de antecedentes ilícitos, defraudatorios, de fundada
sospecha sobre el grupo Russo, que permitieron la transferencia del inmueble de
calle España. Que desacertadamente, la Cámara califica de compleja la causa de
recomposición patrimonial y habla de existencia de terceros de buena fe, lo que
es un grosero error y un marcado apartamiento de las constancias de la causa.
Que jamás podría haber la Cámara calificado a los compradores subadquirentes de
buena fe , pues el Registro de la Propiedad Raíz atestó que el bien reconocía
preanotación de litis anterior. Por ello es que la Cámara ingresa en una causal
de arbitrariedad al fundar la existencia de supuestos subadquirentes de buena
fe.
Afirman que los juzgadores están
demorando de modo arbitrario fallar las causas de recomposición. Que para
concretar los avenimientos, se necesita del patrimonio todo y no de una parte y
de interesados en algunos de los bienes que lo componen. Aducen que la planta
fabril está tasada en 140 millones de pesos a valores de realización del año 2019.
Que la liquidación se viene llevando a cabo sólo en beneficio de la ley y no
aprovecha a nadie.
Analizan las diferencias entre
conclusión y clausura de la quiebra. Refieren que no hay que recurrir a
prácticas adivinatorias o de mera especulación, ya que la suficiencia para
avizorar dividendos para los acreedores, está a la vuelta de la esquina. Que si
ese futuro se vislumbra, no es ineludible causar tanto perjuicio en violación a
uno de los principios liminares del régimen concursal, como es el de la conservación
de la empresa, o en su caso, de su principal bien, como lo es el
establecimiento industrial de calle Tirasso al 5379 de San Rafael.
Aducen que existe apartamiento
arbitrario de las constancia de autos, cuando la Cámara no meritúa que conforme
la causa de extensión de quiebra -confusión patrimonial inescindible (art. 161
inc. 3 LCQ), resulta aplicable el art. 167 que manda la formación de masa
única-.
Refieren la necesidad de valoración y
tratamiento de los expedientes de recomposición patrimonial y denuncian la
indisimulada pretensión del a-quo de no resolver jamás ambas causas. Que ha
denunciado que en todas las instancias el trámite de los juicios ordinarios ha
sido funcional a los intereses del grupo Russo. Que no pueden callar la
flagrante denegatoria de justicia, la violación al derecho de defensa, al de
igualdad ante la ley, del debido proceso, del derecho de propiedad. Que ante
tan graves denuncias respecto del trámite de los expedientes, la Cámara se saca
el problema de encima, no resuelve nada y deja que las irregularidades sigan.
Relatan actuaciones procesales habidas en dicha causas.
2. Contestación de sindicatura.
A fs. 149 contesta el síndico suplente
Contador Marcelo Aybar y solicita el rechazo del recurso.
Aduce que, conforme al estado actual
del patrimonio del fallido, según inspección ocular realizada en conjunto con
un ingeniero industrial y el oficial de justicia en oportunidad de realizar un
inventario amplio y detallado sobre la planta fabril al momento de tomar
posesión de los bienes del fallido, dista de lo manifestado por el recurrente
sobre que la empresa se encuentra en funcionamiento y mucho menos alquilada a
una cooperativa de trabajo.
Afirma que la misma se encuentra en
total abandono, con líneas de producción y maquinarias carentes de partes
fundamentales para su funcionamiento, transformándose además con el paso del
tiempo en obsoletas, con lo cual, tampoco coincide con lo manifestado por el
fallido de tratarse de un establecimiento industrial de primera línea.
Pagándose además un alto costo por el servicio de seguridad para evitar el
desguace total de la planta, en contrario de lo manifestado en el recurso que
al estar alquilada se mantiene el establecimiento en normal funcionamiento, en
toda su estructura, con aseguramiento de las prestaciones de mantenimiento de
maquinarias al día, con habilitaciones al día y recibiendo un canon mensual.
Ante este panorama, considera
fundamental que primen los principios de celeridad y economía procesal que son
el espíritu en esta etapa liquidativa de la quiebra, en beneficio siempre de
los acreedores, y no que se especule con el resultado de los juicios de
recomposición patrimonial.
c) Dictamen de
Procuración General.
Estima que el recurso
debe ser rechazado.
Si bien la parte quejosa ha tachado de
arbitraria a la resolución en crisis, no ha evidenciado, fehaciente ni
suficientemente, la configuración concreta, acabada y certera de su planteo. En
realidad, discrepa, o disiente, con las conclusiones a las que arribó la Cámara
en su sentencia cuestionada.
Advierte que la paralización impuesta
al proceso de liquidación de bienes -merced al incidente innominado que diera
lugar a la apelación posterior y al presente recurso extraordinario- ha ido en
detrimento de los mismos, como lo pone de manifiesto el síndico suplente; lo
que es una razón más para rechazar el planteo en trato y disponer la inmediata
prosecución de la liquidación de los bienes de los fallidos, tanto en el
expediente originario como en el derivado a raíz de la quiebra extensiva donde
ser formulara el planteo que ha demorado en proceso de liquidación por tres
años.
En suma, el recurrente no logra
demostrar la omisión de prueba relevante que deje sin efecto las conclusiones a
las que arribó la Cámara fundada en los elementos de la causa y fundada en la
legislación concursal aplicable. Se trata simplemente de una discrepancia con
lo resuelto y siendo esta una etapa extraordinaria no se puede pretender un
nuevo examen de la causa.
II. LA CUESTION A RESOLVER.
La cuestión a resolver en la presente causa consiste en determinar si
resulta arbitraria o normativamente incorrecta la decisión que, confirmando la
de la instancia anterior, rechaza el incidente innominado interpuesto por los
fallidos con el objeto de que se suspenda el trámite de liquidación de bienes.
III. SOLUCIÓN AL CASO.
1. Criterios que rigen la procedencia de los
recursos extraordinarios ante esta Sede.
Es criterio reiterado por este Tribunal
que “la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la
existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido,
consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios,
apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de
consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de
fundamentación (L.S. 188-446, 188-311, 102-206, 209-348, etc.)” (L.S. 223-176).
“No puede confundirse arbitrio y
arbitrariedad. El arbitrio es razonable, fundado y permite el contralor del
superior. La arbitrariedad es el reino de lo absurdo, ilógico, caprichoso y es
lo que la doctrina de la Corte ha pretendido evitar, al admitir esta causa
genérica de defectos en la forma de las sentencias que dictan los jueces” (L.S.
240-8).
Por su parte, conforme
lo establece el art. 147 del CPCCTM el recurso debe ser fundado estableciéndose
clara y concretamente cuál es la norma que correspondía o no aplicar, y en su
caso, en qué consiste la errónea interpretación legal invocada, y cuál es la
que se propone como correcta. El desarrollo argumental de la queja debe
implicar una crítica razonada de la sentencia en relación a la errónea exégesis
que se invoca como fundamento del recurso.
2.- Consideraciones preliminares. Los caracteres y principios que rigen el
proceso concursal, con especial referencia a la quiebra.
Previo a ingresar en el análisis de la
causa, es preciso efectuar una breve descripción de los caracteres del proceso
universal y colectivo en el que se inserta el caso a resolver.
Tiene dicho nuestro Superior Tribunal
que el procedimiento concursal se asienta en principios de orden público que
intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los afectados por la
situación particular de cesación de pagos en que incurre el deudor, y a tal fin
ordena el ejercicio de las pretensiones promovidas contra el mismo y su
satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio para todos los acreedores,
de carácter colectivo y universal, que atañe a la totalidad del patrimonio del
deudor, prenda común de todos los acreedores y garantía de satisfacción de sus
créditos, los que deberán insinuarse en condiciones igualitarias de
reconocimiento ante el juez de la causa, y su pago ha de concretarse respetando
la situación especial o particular según las disposiciones legales
preestablecidas, lo que encuentra sustento en la norma básica del ordenamiento
jurídico que protege el derecho de propiedad y de igualdad del conjunto de los
involucrados (-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte
Suprema- “Florio y Compañía I.C.S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de
verificación de crédito por Niz, Adolfo Ramón” F. 597. XXXVI.15/04/2004.
Fallos: 327:1002).
Es que, en los juicios concursales
existen, más allá de los intereses privados, otros intereses (públicos,
generales o sociales) que fundan su existencia en normas imperativas
-indisponibles para los interesados- y que exigen mayores poderes del juez en
el marco de un proceso que, con acierto, ha sido calificado -sobre todo en la quiebra-
como prevalentemente inquisitorio (15433/16/2/CA1. “Trenes de Buenos Aires SA
S/ Quiebra C/ De Vido Julio Miguel S/Ordinario S/ Incidente de Recusacion con
Causa”. 28/09/17. Cámara Comercial: D. www.pjn.gov.ar).
Así, se explica que la legislación concursal es en gran medida
imperativa porque la mayoría de sus reglas no puede ser dejada sin efecto y
prevalece sobre cualquier acuerdo en contrario de los particulares (“Régimen de
Concursos y Quiebras. Ley 24.522”, Adolfo A.N. ROUILLON, Editorial Astrea,
Ciudad de Buenos Aires, 2006, 15 Edición, pág. 40). Es un trámite donde está
involucrado el orden público y donde se protegen intereses generales, pues
entre otros objetivos, tiene como mira la protección adecuada del crédito. Es
predominantemente inquisitivo (aunque sin descartar la dispositividad que
prevalece en ciertas etapas del concurso y la quiebra), multidireccional,
pluriconflictivo y plurisubjetivo (PESARESI, Guillermo Mario, “Ley de Concursos
y Quiebras. Anotada con jurisprudencia”, 1ra Edición, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 2008, p. 16 y ss.).
Por su parte, la quiebra, como proceso, es una ejecución coactiva
patrimonial por insolvencia que tiende principalmente a la liquidación de los
bienes del deudor in malis. Adviértase que la sentencia declarativa
de falencia debe contener la orden de realización de
los bienes del deudor (art. 88 inc. 9 LCQ). Asimismo, el art. 203 dispone que
la realización de los bienes se hace por el síndico y debe comenzar de
inmediato, salvo las excepciones que la normativa consagra y que no se
configuran en el sublite.
Por último, debo precisar que el principio de celeridad se ha propugnado
en beneficio de los acreedores. A los fines de aumentar los resultados de la
liquidación y por ende los de la propia quiebra, esto es, el cobro por parte de
los acreedores de la mayor parte de sus créditos en la forma mas rápida
posible, se impone la celeridad en la liquidación (GRAZIABILE, Darío J., “Ley
de Concursos Comentada. Análisis Exegético”, 2da Edición, Buenos Aires,
ERREPAR, 2011, pags. 197, 381).
3.- La aplicación de estos principios
al sublite.
Lo expuesto hasta aquí, permite
concluir que lo peticionado por el ocurrente no encuentra asidero en el plexo
normativo concursal y, a priori, luce como contrario a los principios basales
de los procesos de insolvencia y a la finalidad de la quiebra, lo cual no es
desconocido para los quejosos, en tanto en su petición inicial han argumentado
razones de “mérito y oportunidad”.
Adelanto que, no obstante la extensión
del libelo recursivo, el mismo consiste en una profusa repetición de
argumentaciones y citas doctrinarias que denotan una mera discrepancia con los
argumentos dados por los tribunales de mérito para rechazar la incidencia
planteada. En efecto, discurre en reiteraciones de pasajes de la sentencia, sin
lograr criticar de manera suficiente las líneas argumentales en que puede
desbrozarse el fallo atacado.
Antes de ingresar en el análisis de las cuestiones planteadas, considero
indispensable señalar que en el estudio de los agravios seguiré el criterio de
la Corte Federal, específicamente referido a que los jueces no están obligados
a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo
aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver
CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
a. Ponderación de las circunstancias
económicas del país y los resultados de las subastas ya realizadas.
Los recurrentes aducen que se han
omitido circunstancias relevantes en orden a la situación económica de nuestro
país y a los magros resultados de las subastas ya realizadas.
No le asiste razón. Las instancias
anteriores no han omitido la consideración de las circunstancias puestas de
resalto por el fallido, ni la realidad económica de nuestro país, sino que han
indicado claramente que el proceso de quiebra conlleva en forma ínsita la
realización de los bienes del fallido y que una de las herramientas previstas
por la normativa (art. 208) es justamente la de la subasta pública. Es que, la
liquidación falencial importa la venta de los bienes que componen el activo a
fin de distribuir el producido en moneda de quiebra a todos los acreedores y se
lleva a cabo a través de actos de ejecución forzada (GRAZIABILE,
ob. cit., págs. 381 y 382).
Por su parte, el hecho que no se hayan
logrado los resultados económicos esperados por los fallidos no es motivo
atendible para suspender el proceso, cuando en el caso, no se dan las
condiciones para una conclusión no liquidativa y no se ha logrado acreditar la
existencia de alguna causa que justifique dictar un decisorio del tenor
que pretende. Adviértase que las razones que han expresado los quejosos son
meramente hipotéticas o conjeturales, basadas en probabilidades de fracaso de
subasta, de éxito de demandas incoadas por sindicatura, en derivaciones que
efectúa a partir de estrategias procesales asumidas por los demandados en los
juicios ordinarios, en posibles posturas que asumirán los demandados en las
acciones de revocatoria ante el dictado de la sentencia, etc.
Es que la petición formulada por los
fallidos no tiene sustento legal y se encuentra en franca contradicción con las
normas concursales y los principios que emanan de ella. Adviértase que la
quiebra principal fue declarada hace más de doce años (10/05/2010, cfr. fs.
1398/1403 autos N° 38.206) y la extensión de quiebra, hace casi cinco años
(10/08/2017 cfr. fs. 1101/1007 de los autos N° 45.629), por lo cual el
pedimento se encuentra en franca contradicción con la celeridad que debiera primar en estos procesos que deben
propender a brindar soluciones que satisfagan a todos los intereses en juego
dentro de un lapso temporal razonable.
Los agravios referidos al desguace no
pueden correr mejor suerte, en tanto de la lectura de las constancias de la
causa, se advierte que tanto el síndico como la juez concursal tuvieron
especialmente en miras a las características de los bienes inmuebles al dictar
el auto que decide la forma y procedimiento de realización de bienes.
En efecto, tal como surge de la
presentación de fs. 2288/2289, sindicatura señaló que resultaría más
conveniente a los intereses del proceso, que los bienes inmuebles urbanos como
los rurales destinados a explotación agrícola se realicen por venta singular
(arts. 204 inc. c) y 208 de la L.C.Q). Empero, en relación a los bienes
inmuebles sobre los que pisa el establecimiento industrial destinado a secadero
y las instalaciones y maquinarias allí situadas, considera como la mejor
modalidad para su realización la venta como unidad económica por medio del
sistema de licitación con sobre cerrado y posterior mejora (art. 205 de la
Ley 24.522).
Por ello, la juez con fecha 27/11/2018
(fs. 2289/2290) decidió que, de acuerdo a las características de los bienes a
realizar, correspondía seguir el consejo de Sindicatura, es decir la
enajenación conjunta de los bienes, maquinarias e instalaciones ubicadas en el
establecimiento de propiedad de la fallida mediante licitación privada, que
comprende las matrículas N° 26.737/17, 34.808/17 y 32.355/17 con todas las
maquinarias e instalaciones que allí se encuentren. Respecto a las fincas e
inmuebles urbanos identificados con las matrículas N° 9467/17; 37.394/17;
28.831/17 y 2121/17 ordenó la realización mediante la modalidad enajenación
singular (art. 204 inc c) LCQ).
Adviértase que en esa misma resolución
la juez hizo saber al síndico que en el pliego licitatorio debía incluirse un
artículo que dispusiera que el Juzgado “se reserva el derecho de no adjudicar
la presente licitación cuando el precio ofrecido no sea conveniente a los
intereses de los acreedores, por considerar que no existe razonabilidad
económica entre el valor del bien licitado y el monto ofrecido”, lo cual
corrobora que el juzgado concursal no ha permanecido expectante con respecto a
los resultados económicos de la liquidación falencial, sino que incluso ha
advertido a posibles compradores que tendrá en cuenta, especialmente, la
razonabilidad económica del precio.
Por su parte, y contrariamente a los
sostenido por el quejoso en cuanto a un supuesto “corsé” a las normas
concursales por parte del juez de origen, es preciso resaltar -como lo efectúa
la Alzada- que, justamente, la Ley Concursal está orientada a la “inmediata”
realización de los bienes. En efecto, se ha establecido que: las enajenaciones
deben realizarse dentro de los cuatro meses con posibilidad de prórroga fundada
por 90 días (art. 217), los términos son perentorios (art. 273 inc. 1), se
establece que el Juez es el director del proceso y cuenta con facultades para
dictar todas las medidas de impulso de la causa (art. 274), se lo hace
responsable del cumplimiento estricto de todos los plazos y de la prolongación
injustificada del trámite (art. 273 in fine), y le impone aplicar
las normas procesales locales que sean compatibles con la rapidez y
economía del trámite concursal (art. 278).
Más allá de que en la práctica es de
muy difícil cumplimiento el acatamiento a los topes temporales previstos, lo
cierto es que el art. 217 establece que la realización y liquidación debe
llevarse a cabo en el plazo de cuatro meses, pudiendo ser ampliado mediante
resolución fundada en noventa días más. La norma tiene como finalidad avanzar
con celeridad en la realización de los bienes, presuponiendo que toda demora
redunda en daño a lo acreedores (PESARESI, ob. cit., p. 714). Además, la
reforma de la Ley 26.684 continúa priorizando, en la faz liquidativa, la
celeridad con la que deben ser llevados adelante todos los trámites tendientes
a la liquidación del activo falencial (CHOMER, Héctor Eduardo. “Concursos y
Quiebras”, coordinación general de Pablo FRICK, dirigido por Héctor CHOMER,
1da. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2016, t. 3, pag. 353).
Tampoco ha dado réplica alguna al argumento referido a que, aún
aplicando esta normativa con un criterio de prudente razonabilidad,
han contado con meses de suspensión en la liquidación de los bienes (desde que
los fallidos realizaron su petición en abril de 2019), sin que nada haya
sucedido en cuanto a la presentación de un acuerdo con los acreedores
(avenimiento), como así también que la juez ya ha suspendido una subasta con
fecha 08/04/19 con motivo de la interposición del incidente innominado y
"en la inteligencia de dar una oportunidad a los fallidos" según lo
expresa en el decisorio de fs. 2561 y ss.
En efecto, no se ha
procedido, como lo asevera el quejoso, a una dilapidación de sus bienes ni a
una “urgentísima” liquidación que viola sus derechos constitucionales; sino
que, en todo caso, se ha aplicado la normativa concursal con cautela, prudencia
y razonabilidad, concediendo excepcionalmente suspensiones de subastas ya
fijadas, y, en definitiva, brindando una respuesta jurisdiccional adecuada y
fundada en las constancias de la causa, tal como puede verse de la
compulsa de los expedientes en donde tramita la quiebra principal y por
extensión, que han venido a esta sede en calidad de AEV.
En cuanto a la queja
referida a que las distintas formas de realización de los bienes
dispuestas no prosperarán ni resultarán operativas hasta que la venta se
disponga sin base, lo que equivale a dilapidar negligentemente un patrimonio,
se advierte que constituyen meras especulaciones que no pueden fundar un decisorio
del tenor del que pretende el quejoso. Sobre todo, teniendo en cuenta que no
existen constancias en el expediente N° 45.629 (quiebra por extensión) venido
como prueba, que se haya realizado siquiera una de las subastas fijadas por la
juez del concurso, las que por otra parte, siempre han sido fijadas con base
(fs. 2385, fs. 2585, fs. 2747).
Por todos estos
motivos, es que la queja no puede tener andamiaje.
b. Valoración de los procesos de
revocatoria concursal.
Insiste el recurrente en esta instancia
en que se ha omitido la valoración de estos procesos, que han sido demorados
por la juez de concursos.
Cabe señalar que con relación a los
autos N° 45.948, los mismos han obtenido sentencia de primera instancia con
fecha 30/04/2020, la cual fue objeto de recurso de apelación, resuelto por la
Segunda Cámara de Apelaciones el 25/04/2022, conforme surge del sistema
informático (www.jus.mendoza.gov.ar).
En efecto en la misma, se ha hecho lugar la demanda y se ha declarado
inoponible a los acreedores de la quiebra de Eduardo Manuel Ramos el acto
jurídico celebrado por VAF SRL y VERTIENTES NATURALES SRL de la cesión del
crédito quirografario verificado en el concurso preventivo que tramita en
autos. Por su parte, los autos N° 45.949 se encuentran tramitando y obran
agregados alegatos de la partes.
Ahora bien, el agravio no puede
prosperar pues asiste razón a los juzgadores cuando aducen que les está vedado
pronunciarse en forma anticipada sobre el eventual resultado de las acciones
impetradas por el órgano concursal.
Por otra parte, el argumento en que se sustenta la pretensión no
responde sino a personales motivaciones de conveniencia para efectuar posibles
y eventuales negociaciones con los acreedores concurrentes al proceso
falencial. Claramente, estas razones que sólo responden a un interés personal
resultan absolutamente insuficientes para suspender el curso de un proceso en
el que impera el orden público y donde no sólo se encuentra en juego el
interés del deudor sino de todos los acreedores y de la sociedad en general,
tal como lo he caracterizado en forma precedente.
De ninguna manera podría supeditarse la continuación del proceso
universal al hipotético resultado favorable de las sentencias ordinarias ni a
posibles posturas que asumirán los demandados en caso de una sentencia
favorable para la quiebra, pues ello podría conducir a dejar a la quiebra en un
estado de indefinición sine die, lo cual resulta incompatible con la propia
naturaleza y la esencia de la falencia.. En definitiva, no es posible someter a
los acreedores a una espera sin plazo determinado en función de expectativas.
Tampoco luce como irrazonable o ilógica la conclusión a la que arriba la
Cámara en cuanto señala que resulta imposible predecir si la liquidación
de los bienes existentes permitirá o no satisfacer la totalidad de los
créditos, como tampoco puede asegurarse que el resultado de los procesos
pendientes pueda determinar un cambio sustantivo en el panorama de la quiebra.
En cuanto al agravio referido al perjuicio para los acreedores en orden
a una posible reapertura de la quiebra, el mismo que da en la mera formulación.
En efecto, la figura de la reapertura de la quiebra, prevista por el art. 231
LCQ, dispone que el procedimiento puede ser reabierto cuando se conozca la
existencia de bienes susceptibles de desapoderamiento. Más allá de si
corresponde encuadrar la situación en esta figura, lo cierto es que no se
advierte cual sería el perjuicio irreparable a los acreedores.
c.- El alegado principio de
conservación de la empresa.
Aduce el quejoso que no se ha querido
advertir que la cuestión de la conservación de la empresa no ha sido
explicitado en la expresión pura y concreta del principio, sino que fue
enumerado en el desarrollo del capítulo dedicado a los intereses afectados por
la insolvencia.
Debo advertir que una de las razones
que esgrimieron los fallidos a lo largo de las presentaciones que ha efectuado
refiere al principio de conservación de la empresa, reitera de modo genérico la
alegación a tal principio.
La juez de primera instancia advirtió
que de ninguna manera podía entenderse que se violaba tal principio, en tanto
el establecimiento está alquilado a un tercero y sólo se obtiene para este
proceso el canon que abona la Cooperativa Capilla del Rosario Ltda., lo cual ha
sido reiterado por la Alzada.
De las constancias de la causa, surge
que, efectivamente la Cooperativa de Trabajo Agrícola Capilla del Rosario Ltda.
no es una empresa que se haya vinculado con la quiebra en los términos de los
arts. 48, 48 bis, 187, 189, 190, 191, 191 bis, 192, 195, 196, 197 de la LCQ
(texto según Ley 26684). A partir de la documentación que obra a fs. 1214, la
mentada Cooperativa se constituyó en 1990. El contrato de locación luce fechado
en marzo de 2010, y se encuentra suscripto por el Sr. Ramos, quien a esa se
encontraba en concurso preventivo y dos meses antes de la declaración quiebra.
Destaca el juzgador -con acierto- que no se hace alusión alguna a personal de
la fallida y que con dictamen favorable del Síndico (fs. 1456/1457), la
locación ha continuado.
Advierto que coadyuva a formar
convicción sobre el asunto el informe del art. 190 en el que sindicatura a fs.
1187/1180 señaló, refiriéndose a El Frutal SRL y El Cerrito SA, que: “En cuanto
a la continuidad de la explotación de la actividad de la fallida esta no
desarrolla actividad industrial que merezca analizar esta posibilidad…”.
En este punto, cabe señalar que el
sindico suplente en la contestación del recurso extraordinario asevera que la
planta fabril se encuentra en total abandono, con líneas de producción y
maquinarias carentes de partes fundamentales para su funcionamiento,
transformándose -con el paso del tiempo- en obsoletas. Agrega que se paga un
alto costo por el servicio de seguridad para evitar el desguace total de la
planta. Considera fundamental que primen los principios de celeridad y economía
procesal, en beneficio siempre de los acreedores, y no que se especule con el resultado
de los juicios de recomposición patrimonial.
Por todo lo expuesto, especialmente las
circunstancias puestas de resalto por el síndico suplente ante esta Sede, se
advierte que la queja en este punto, también debe ser rechazada.
d.- La figura del avenimiento. La
conformidad de algunos acreedores con la suspensión de la liquidación.
He de precisar en este punto que no
asiste razón al recurrente cuando intenta descalificar el parangón que ha
efectuado el juzgador respecto de la figura del avenimiento y la situación
acaecida en la causa.
Conforme surge del art. 225 de la Ley
de Concursos y Quiebras, el deudor puede solicitar la conclusión de su quiebra,
cuando consientan en ello todos los acreedores verificados, expresándolo
mediante escrito cuyas firmas deben ser autenticadas por notario o ratificadas
ante el secretario. Por su parte, el art. 226 es claro al establecer cuáles son
los “efectos” del pedido al señalar que la petición “sólo interrumpe el trámite
del concurso, cuando se cumplen los requisitos exigidos”. Además, prevé que el
juez puede requerir el depósito de una suma, para satisfacer el crédito de los
acreedores verificados que, razonablemente, no puedan ser hallados, y de los
pendientes de resolución judicial.
Es decir, que la ley falimentaria, al
contemplar este modo conclusivo no liquidativo de la quiebra, ha sido estricta
para autorizar al juez a interrumpir el trámite, al exigir no solo unanimidad,
sino también requisitos formales referidos a la firma del escrito judicial. Por
tanto, no es irrazonable ni arbitrario el decisorio cuando razona que, si la
conformidad de “todos” es necesaria para viabilizar una solución no
liquidativa, el mismo requisito debe exigirse para una decisión que, por su
manifiesta contradicción con el mandato de inmediata realización de los bienes
y con los postulados de celeridad y economía del trámite concursal, afecta los
intereses de todos los acreedores.
No luce agregada en el expediente
ninguna carta de avenimiento; ni el fallido ha informado algún tipo de avance
en este sentido, no obstante que desde el pedimento inicial que da origen al
presente recurso, han pasado más de tres años.
Por todo ello, es que resulta acertada
la conclusión de los juzgadores que me han precedido en el análisis de la
causa, cuando razonan que una decisión judicial que, a pedido de fallido,
ordenara la suspensión de la realización de los bienes del activo falencial,
contando con la anuencia de algunos, pero no de “todos” los acreedores,
resultaría violatoria del principio par conditio creditorum. Tal aserto de
esencial importancia, no ha merecido embate de ningún tipo.
e.- La mentada valoración de la
conducta colaborativa de los fallidos.
Aducen los recurrentes que no resultaba
ajustado a derecho que el fallido, que ha sido un sujeto concursal colaborador
de sindicatura y del juez, no pueda aspirar a reunir la totalidad de su
patrimonio para canalizar un modo de conclusión de la quiebra no liquidativo.
Al respecto, cabe recordar que, el
artículo 102 de la Ley Concursal, establece, entre los efectos personales
respecto del fallido, el deber jurídico de colaboración del
fallido y dispone expresamente que está obligado a prestar
toda colaboración que el juez o el síndico le requieran para el esclarecimiento
de la situación patrimonial y la determinación de sus créditos. También
establece el deber de información en tanto debe comparecer toda vez que el juez
lo cite para dar explicaciones y puede ordenarse su concurrencia por la fuerza
pública si mediare inasistencia.
Así, se ha precisado que el deber de
cooperación comprende la colaboración del fallido en la identificación e
incautación de los bienes sujetos a desapoderamiento, en la determinación de
los créditos y en proveer toda la información necesaria con la que cuente, que
sea de relevancia a los fines de la quiebra (ROUILLON, ob. cit., pág. 366).
Por su parte, debe recordarse que
conforme los arts. 274 inc. 1 y 275 inc. 3 de la Ley Concursal, tanto el juez
como sindicatura tienen facultades para requerir la comparencia del fallido y
solicitar las explicaciones que estimen pertinentes a los efectos de llevar a
cabo la determinación del patrimonio a liquidar.
Por otra parte, no advierto que se le
haya negado el derecho que tiene a reunir todos su patrimonio, sino que,
contrariamente a ello, el síndico interpuso las demandadas y tramitó los procesos,
entre los cuales, uno de ellos ya cuenta con una sentencia de segunda instancia
y, en el otro, se ha llegado hasta la etapa de alegatos. En todo caso, lo que
han negado las instancias anteriores, es la pretensión de la suspensión sine
die de la liquidación falencial fundado en hechos hipotéticos, futuros
e inciertos.
Con relación a los argumentos referidos
a legitimación de los fallidos, se trata de una mera reiteración de los ya
expresados, los que además, no logran desvirtuar lo afirmado por el juzgador en
cuanto a que se trata de referencias estériles, pues la juez de origen no
negó a priori su legitimación.
El resto de las alegaciones consisten
en referencias y disconformidades expresadas con relación a la actuación del
juez concursal en la tramitación de los procesos de recomposición, sobre los
que no resulta posible su abordaje en el marco del presente recurso
extraordinario.
Por lo cual, propongo a mis colegas de
Sala el rechazo del recurso impetrado, en tanto concluyo que la sentencia
venida en crisis no ha incurrido en arbitrariedad ni error normativo alguno.
Los razonamientos del pronunciante no se muestran apartados de las constancias
objetivas de la causa, no contrarían las reglas de la lógica, ni se apoyan en
consideraciones dogmáticas o carentes de razonabilidad, como exige la
excepcionalidad de la vía intentada.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. JULIO
RAMÓN GÓMEZ, adhiere al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA
TERESA DAY, DIJO:
Corresponde omitir
pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual
caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. JULIO
RAMÓN GÓMEZ, adhiere al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA
TERESA DAY, DIJO:
De conformidad al
resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden,
siguiendo el criterio esgrimido por las instancias anteriores, tratándose de
una pretensión ejercida por los fallidos la que ha sido rechazada en todas las
instancias, no corresponde imponer costas.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. JULIO
RAMÓN GÓMEZ, adhiere al voto que antecede.
Con lo que se dio por
terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se
inserta:
S E N T E N C I A :
Mendoza, 30 de mayo
de 2022.-
Y VISTOS:
Por el mérito que
resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de
Justicia, fallando en definitiva,
R E S U E L V E :
1) Rechazar el recurso
extraordinario interpuesto a fs. 22/52 vta. de autos y en consecuencia
confirmar la resolución de fs. 2735/2745 de los autos n° 45.629, caratulados:
“El Frutal S.R.L., El Cerrito S.A., Prune SRL y Dora Assenza de Ramos p/
Quiebra por Extensión” dictada por la Excma. Segunda Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial, Minas, Tributario y de Familia de la Segunda
Circunscripción Judicial.
2) No imponer costas.
NOTIFIQUESE.
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DRA. MARÍA TERESA DAY
Ministro
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DR. JULIO RAMON GOMEZ
Ministro
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CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta
por el Dr. Pedro J. LLORENTE, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap.
III del C.P.C.C.T.M.). Secretaría, 30 de mayo de 2.022.-
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