SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA
PODER JUDICIAL MENDOZA
CUIJ: 13-03788043-9/6((011901-55323)) BONILLA JOSE ALBERTO Y OTS. EN J° 13-03788043-9 (011901-55323) SINDICO MONTE SILVIA C/BONILLA JOSE ALBERTO, HERRERA DE BONILLA NORA CRISTINA Y BONILLA STELLA MARIS EN J.1250026 JOSE BONILLA SA P/Q P/A.RESPONS POR ORDINARIO P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL
En Mendoza, a trece días de Septiembre
de dos mil veintiuno, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de
Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-03788043-9/6(011901-55323),
caratulada: “BONILLA JOSE ALBERTO Y OTS. EN J° 13-03788043-9
(011901-55323) SINDICO MONTE SILVIA C/BONILLA JOSE ALBERTO, HERRERA DE BONILLA
NORA CRISTINA Y BONILLA STELLA MARIS EN J.1250026 JOSE BONILLA SA P/Q
P/A.RESPONS POR ORDINARIO P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL”.
De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 140 y 141 del CPCCTM y teniendo en cuenta las facultades conferidas
por Acordada n° 5845, en el acto del acuerdo, quedó establecido el siguiente
orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el
Tribunal: primero: DR. JULIO RAMON GOMEZ; segundo: DRA. MARÍA TERESA
DAY; tercero: DR. PEDRO JORGE LLORENTE.
ANTECEDENTES:
A fojas 2/14 los recurrentes José
Alberto Bonilla y Nora Cristina Herrera de Bonilla interponen recurso
extraordinario provincial contra la resolución dictada por el Primer Juzgado de
Procesos Concursales a fojas 710/716 de los autos n° CUIJ 13-03788043-9
caratulados: “SINDICO MONTE SILVIA C/BONILLA JOSE ALBERTO, HERRERA DE BONILLA
NORA CRISTINA Y BONILLA STELLA MARIS EN J.1250026 JOSE BONILLA SA P/Q
P/A.RESPONS.”.-
A fojas 40 se admite formalmente el
recurso deducido, se ordena correr traslado a la parte contraria, quien a fojas
42/50 contesta solicitando su rechazo.
A fojas 68/70 se registra el dictamen
de Procuración General del Tribunal, que aconseja el rechazo del recurso
deducido.
A fojas 75 se llama al acuerdo para
dictar sentencia.
De conformidad con lo establecido en el
art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantean las siguientes
cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente
el recurso extraordinario provincial interpuesto?
SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué
solución corresponde?
TERCERA CUESTION: Costas.
A LA PRIMERA CUESTION EL DR. JULIO RAMON GOMEZ
DIJO:
1. El 09/04/2015 la
Contadora Silvia Monte, en su carácter de síndica de los autos N° 1.250.026
caratulados “José Bonilla SA p/ Quiebra” promueve acción de responsabilidad en
los términos de los arts. 173, 174 y cc. de la Ley De Concursos Y Quiebras
contra los Sres. José Alberto Bonilla, Nora Cristina Herrera de Bonilla y
Stella Maris Bonilla en su carácter de socios, presidente, director titular y
vicepresidente de la sociedad fallida, todos solidaria e ilimitadamente
responsables por el pasivo falencial verificado en la quiebra.
2. El 26/10/2017 la juez
concursal hace lugar a la demanda condena a los codemandados a indemnizar los
perjuicios causados y hasta cubrir la suma de $11.672.139,89 (arts. 273 y 274
LCQ).
3. El 02/11/2017 y el
03/11/2017 los codemandados interponen recurso de apelación (fs. 510 y 513). El
Tribunal decreta (fs. 512 y fs. 517) tener por interpuestos los recursos de
apelación y resuelve que -previo a ordenar la remisión al Superior- deberán
abonar las gabelas de ley (art. 298 inc. c) Código Fiscal-, emplazando para que
en quince días hábiles proceda a acreditar la tasa de justicia, con más las
multas e intereses que determine ATM, bajo apercibimiento de desglose,
teniéndola como si nunca hubiese sido presentada (art. 302 C.F.).
4. El 08/11/2017 y
habiendo vencido el plazo para interponer recursos, se conceden los recursos de
apelación interpuestos y se dispone elevar a la Alzada, una vez cumplidos los
emplazamientos dispuestos respecto del abono de gabelas de ley.
5. A fs. 520 y 521 obra
informe de Mesa de Entradas que da cuenta que el 17/11/2017 se han formado
piezas separadas con la interposición de sendos beneficios de litigar sin
gastos incoados por los codemandados (CUIJ N° 13-03788043-9/1 correspondiente a
la Sra. Stella Maris Bonilla y N° 13-03788043-9/2 correspondiente a los Sres.
José Alberto Bonilla y Nora Cristina Herrera de Bonilla)
6. El 24/11/2017 el juez
ordena cumplir con la remisión al Superior a fin de dar trámite a las
apelaciones incoadas por los demandados, en consecuencia con el inicio de los
procesos de beneficios de litigar sin gastos iniciados por los codemandados.
7. A fs. 524/525
sindicatura interpone recurso de reposición por considerar que el beneficio
debió ser interpuesto con anterioridad a la interposición del recurso de
apelación. La juez de origen a fs. 544/545 rechaza el recurso de reposición.
Considera que no ha existido el error “in iudicando” que denuncia sindicatura,
en tanto, los arts. 96 y 97 CPC y CPCCTM, habilitan el goce del mismo
provisoriamente, desde la solicitud y hasta la resolución sobre su concesión.
8. Elevado el expediente
a Alzada, se le da trámite, los apelantes expresan agravios y sindicatura
contesta los traslados respectivos.
9. El 04/06/2019 la
sindicatura solicita autos para resolver, a lo que se resuelve estar a los
términos del art. 305 inc. b) del Código Fiscal (modificado por el art. 86 de
la Ley 8006 B.O. 27/01/09), en relación al beneficio de litigar sin gastos
iniciado por los apelantes, que aún se encuentra en trámite.
10. El 26/06/2019 sindicatura
solicita la reinscripción de las medidas cautelares trabadas en autos. El
27/06/2019 (reiterado el 28/06/2019) la Cámara ordena remitir los autos a
origen, solicitando la pronta restitución en tanto se encuentra pendiente la
resolución del recurso en trámite.
11. Una vez recepcionados los autos en
origen, con fecha 08/11/2019 los codemandados en conjunto acompañan comprobante
de pago de Tasa de Justicia, de lo cual se corre vista a ATM.
12. A fs. 644/645 obra informe de
Mesa de Entradas del Tribunal Concursal, que da cuenta de la formación de pieza
separada con fecha de ingreso el 24/10/2019 de los autos N° CUIJ
13-03788043-9/3 caratulado “Bonilla José Alberto y ot. En J….p/ B.LS.G.” y N°
CUIJ 13-03788043-9/4 caratulada “Bonilla Stella Maris en J…..p/ B.L.S.G”.
13. A fs. 647/648
contesta ATM e informa que ambos recursos de apelación (fs. 510 y 513) se
encuentran alcanzados por la Tasa de Justicia, independientemente uno del otro,
resultando insuficiente el pago de fs. 630/632.
Agrega, no obstante lo expuesto,
conforme los lineamientos establecidos en los arts. 305 y 306 del Código
Fiscal, en los casos de interposición de recursos de apelación la Tasa de
Justicia debe abonarse en su totalidad al formularse la petición.
Cita la normativa aplicable, doctrina y
jurisprudencia y concluye que los beneficios iniciados por los apelantes,
conforme constancias de fs. 520/521, sólo podían tener efecto desde su
iniciación y hacia el futuro, pero de ninguna manera los eximía del pago de
tasa de justicia correspondiente a los recursos de apelación incoados a fs. 510
y 513, la que debieron efectivizar al interponer ambos recursos, no resultando
aplicable la exención del art. 312 inc. 4 del Código Fiscal.
Así las cosas, los emplazamientos de
fs. 512 y 517 no fueron cumplidos en tiempo y forma. Por el contrario, el pago
de la tasa de justicia resulta extemporáneo, tornando aplicable la consecuencia
prevista en el art. 309 C.F., esto es, el desglose de las presentaciones de fs.
510 y 513.
14. A fs. 650 y con fecha
22/11/2019 la juez concursal, hace efectivo el apercibimiento dispuesto por el
art. 309 CF, disponiendo el desglose de los recurso de apelación interpuestos a
fs. 510/511 y 513/516.
15. Contra dicha
resolución, los codemandados a fs. 673/676 interponen recurso de reposición.
Afirman que el desglose es improcedente.
Argumentan que ni el Código Fiscal ni el código procesal anterior ni el actual,
fijan un plazo para la interposición del beneficio. Que de conformidad a lo
dicho por la SCJM en el fallo “Marichre” la correcta interpretación de los
textos legales es la siguiente: 1) al momento de la presentación ante el
Tribunal, el interesado debe abonar la respectiva tasa de justicia, 2) si así
no lo hiciere, se lo emplazará por quince días para que pague, 3) vencido ese
plazo, si no se realizó el pago se procederá al desglose de la presentación y
4) si en lugar de pagar, inicia el trámite del beneficio de litigar sin gastos,
éste debe estar concluido antes del llamamiento de autos para dictar sentencia.
Que la ley no fija oportunidad para la
deducción del beneficio, de manera que resulta oportuna su iniciación después
de haber sido emplazado y dentro del término del emplazamiento, que es lo que
ha ocurrido en autos.
Refiere que el criterio sostenido en el
auto que se recurre es claramente contradictorio con el que se sostuvo a fs.
544, el que es coherente con la jurisprudencia de la Corte y aplicable a la
actual situación y que es el que su parte ha propiciado.
Afirma que su parte apeló el auto que
hizo lugar a la caducidad de instancia del beneficio de litigar sin gastos. Que
todavía está pendiente de resolución un recurso de reposición contra la
providencia que mandó desglosar el recurso promovido en ese incidente. Asegura
que antes de tomar cualquier decisión respecto a la Tasa de Justicia, es
necesario que exista resolución firme en los recursos de reposición que se
están tramitando en los autos N° 13-03788043-9/1 (Bonilla Stella Maris) y N°
13-03788043-9/2 (Bonilla, José Alberto y ots.).
Refiere que, resueltos que sean los
mencionados recursos, deberán sustanciarse las respectivas apelaciones
deducidas contra las resoluciones que declararon la caducidad de instancia de
los beneficios.
Señala que, atento al efecto suspensivo
de los recursos de apelación, es inoportuna por prematura cualquier providencia
o resolución que disponga sobre cuestiones vinculadas con la Tasa de Justicia
hasta que no medie resolución firme en los beneficios de litigar sin gastos.
Reitera que los incidentes no han concluido porque las resoluciones no están
firmes.
En cuanto a la presentación del ente
tributario, refiere que ha excedido largamente el cometido de la vista que le
fue conferida.
Argumenta la falta de interés legítimo
de la sindicatura. Que su pedido constituye un claro abuso del derecho a la
jurisdicción porque es antifuncional y sólo trasunta el interés de privar a su
parte de la posibilidad de litigar sin gastos, con la consiguiente lesión de la
igualdad y de la defensa.
Que no hay consecuencia beneficiosa
para sindicatura, como no sea impedir el acceso a la justicia por vía de apelación,
lo que desnaturaliza la ratio legis de las normas legales y fiscales
comprometidas. Que sindicatura carece de interés (art. 41 CPC).
Que el interesado directo en el
resultado de las cuestiones relativas al incidente de litigar sin gastos y sus
derivaciones es el Fisco.
Por último, sostiene que la normativa
del Código Fiscal tiene por finalidad reglar la percepción de los recursos
fiscales o su exención, pero de ningún modo puede tener otras derivaciones
procesales ajenas a la finalidad de la norma. No puede convertirse en una
herramienta para privar a los justiciables del derecho a la jurisdicción porque
ello importaría una desviación de poder.
16. A fs. 685/687
sindicatura solicita el rechazo del recurso de reposición.
Afirma que la conducta de los demandados
y sus patrocinantes letrados vulnera ostensiblemente las disposiciones del art.
48 CPCCTM. Que en los hechos se utilizan herramientas procesales para
defenestrar el derecho de fondo, haciendo uso abusivo de los beneficios de
litigar sin gastos y en perjuicio de la masa de acreedores.
Que los codemandados nunca al contestar
demanda invocaron este beneficio, lo hicieron una vez que resultaron condenados
en costas al finalizar el proceso.
Señala que el principal efecto del
beneficio es, conforme el art. 97 que no se abona impuesto de justicia. Que los
codemandados invocaron dos BLSG para no pagar tasa de contra la sentencia de
fs. 486 (30/10/17), los que tramitaron en autos N° 13-03788043-9/2 y
13-03788043-9/1, sobre los que se dispuso la caducidad de instancia. Afirma que
los demandados pretender vulnerar no sólo una sentencia, sino leyes fiscales,
además de defraudar a los acreedores en su buena fe.
Solicita que el juzgador evalúe si los
profesionales intervinientes son pasibles o no de sanciones procesales (arts.
47 y 48 CPCCTM). Que ha sido clara la exposición de los abogados de ATM. Aduce
que es objeto de la sindicatura defender los intereses de la masa. Que es claro
el abuso procesal que se está cometiendo en autos, por lo cual solicita
compulsa al Colegio de Abogados.
17. El 06/03/2020 se
rechaza el recurso de reposición, en base a los siguientes argumentos:
. No se observa en el art. 309 del
Código Fiscal la excepción invocada por el recurrente, en cuanto alegan omisión
expresa del BLSG. En realidad, el artículo menciona “ninguna presentación ante
los organismos judiciales de la Provincia” y a “todos los procesos judiciales”,
es decir que en un vocablo amplio y genérico engloba a todo tipo de proceso que
se siga en el ámbito judicial, dentro del cual la recurrente no ha dado pautas
certeras que permitan sortear la letra de la ley.
. Cuando invoca que la perención de
instancia no está firme, por haber denunciado en tiempo oportuno el inicio de
un segundo beneficio de litigar sin gastos, pretende con ello, eximirse del
abono de las gabelas de la apelación interpuesta. Pero, de las constancias de
la causa se advierte que lo que el incidentante recurre es la resolución que
ordena el desglose de la apelación, dejando firme sin queja alguna el decreto
de fs. 512 y 517 que emplazó a los apelantes a abonar las gabelas, por lo que
no puede mediante el recurso en trámite, poner en crisis un decreto que
consintió.
. Se reiteran los argumentos ya
expuestos en los incidentes de BLSG, al resolver recurso de reposición
planteado por la Sra. Bonilla, donde también la quejosa argumentó
sostenidamente en que se encuentra conculcado el derecho constitucional a la
defensa en juicio, no puede soslayarse que su actitud procesal es la que ha
provocado la situación jurídica en la que se encuentra.
. Con el paso del tiempo, los BLSG en
2019 se declararon caducos, declaración que fuera apelada por cada
incidentante, lo que motivara que el Tribunal impusiera como previo el abono de
gabelas por así corresponder por el modificado art. 309 del Código Fiscal
provincial (antes 302), teniendo en cuenta además que debe aplicarse en este
momento lo normado por el art. 306 2. segundo y tercer párrafo del Código
Fiscal, al tratarse de un segundo beneficio de litigar sin gastos.
. Transcribe lo dispuesto por el art.
306 del Código Fiscal y asevera que las gabelas pendientes, no se pueden tener
por eximidas ante la presentación de un segundo beneficio.
. En cuanto a la falta de interés
sustentada por sindicatura, no le asiste razón en virtud de que, como es sabido
en el ámbito concursal, la figura del síndico, excede el concepto básico de
“parte procesal” ya que el síndico cumple el rol de órgano en relación con el
proceso concursal.
. Que la participación de sindicatura
en el incidente de BLSG surge necesaria de la misma normativa falencial, la que
se recuerda es de orden público y por lo tanto infranqueable. Ello, traducido a
las presentes actuaciones, justifica su actuar en cumplimiento de su
responsabilidad funcional, al ser parte en el proceso principal y en todos sus
incidentes conforme lo dispuesto por art. 275 8) segundo párrafo LCQ, debiendo
salvaguardar el activo falencial (tanto del que surge del informe general del
proceso falencial, como de las acciones de recomposición patrimonial).
Contra este decisorio, los recurrentes
interponen recurso extraordinario provincial.
II. ACTUACION EN ESTA INSTANCIA.
1. AGRAVIOS DEL RECURRENTE.
Aduce que el recurso está contemplado
en los incisos c), d) y g) del apartado II del art. 145 CPCCTM. Que la
resolución impugnada no es razonablemente fundada y es arbitraria (inc. d) y la
falta de fundamentación suficiente importa violación de la garantía de la
defensa (inc. c). Además, contiene errores de subsunción (inc. g) que
determinan que la decisión haya sido contraria a sus pretensiones.
Refiere que la cuestión esencial y
decisiva es la siguiente: ¿es hábil el beneficio de litigar sin gastos
promovido dentro del plazo del emplazamiento del art. 309 del C.F. para tener
por cumplido dicho emplazamiento? Afirma que la promoción del beneficio de
litigar sin gastos dentro del término del emplazamiento es oportuna e importa
el cumplimiento de dicho emplazamiento, conforme resulta de la correcta
interpretación del art 309 del Código Fiscal, expuesta por la SCJM en la causa
“Marichre”.
Argumenta que a fs. 523 ordenó dar
trámite a las apelaciones incoadas por los demandados, atendiendo al beneficio
de litigar sin gastos iniciado por su parte. Sorprendentemente, el inferior,
vuelve sobre sus pasos y contradiciendo su propio criterio aplicado en este
mismo proceso (fs. 523 y 544) y la interpretación del art. 309 del CF, dispone
el desglose del escrito de apelación.
Que este Tribunal, cuando ha resuelto
cuestiones vinculadas con la aplicación del art. 302 (hoy 309) del Código
Fiscal, invariablemente ha dejado a salvo aquellas situaciones en que la
aplicación de esa regla viola de modo manifiesto el acceso a la justicia, como
ocurre en todos aquellos casos en que ha quedado firme el decreto que dio
trámite, “pues en tal caso, el litigante que confió en la actuación judicial
cae en una verdadera trampa procesal”. Que en el caso de autos, no sólo quedó
firme la concesión del recurso de apelación sino que dicho recurso fue
sustanciado íntegramente hasta quedar en estado de dictar sentencia.
Reitera que la Corte ha fijado el
criterio de interpretación y aplicación del art. 309 del Código Fiscal y ese
criterio fue hecho suyo por la señora Juez concursal, aunque ahora y sin
desarrollar fundamento alguno ha venido a contradecirlo.
Que ni el Código Fiscal ni el código de
rito imponen un plazo para el inicio del referido incidente. Que de conformidad
a lo dicho por la SCJM en el fallo “Marichre” la correcta interpretación de los
textos legales es la siguiente: 1) al momento de la presentación ante el
Tribunal, el interesado debe abonar la respectiva tasa de justicia, 2) si así
no lo hiciere, se lo emplazará por quince días para que pague, 3) vencido ese
plazo, si no se realizó el pago se procederá al desglose de la presentación y
4) si en lugar de pagar, inicia el trámite del beneficio de litigar sin gastos,
éste debe estar concluido antes del llamamiento de autos para dictar sentencia.
Aduce que ello significa que resulta
oportuna la iniciación del beneficio después de haber sido emplazada y dentro
del término del emplazamiento. Que esta es la interpretación acorde con la
garantía de la defensa en juicio y que privilegiar la aplicación literal de la
norma por encima de las circunstancias concretas de la causa implica impedir de
modo ritualista el acceso a la justicia.
Que en el caso resulta evidente que no
concurre ninguna de las situaciones que forman la ratio legis de la norma del
art. 309 CF. Que la interpretación de las normas debe ser siempre aquella que
mejor garantice el ejercicio de la defensa en juicio.
Indica que se elude el tratamiento de
la interpretación del art. 309 del Código Fiscal y no explica por qué resuelve
ahora en contradicción con otras decisiones. Afirma que no existe un adecuado
fundamento del resolutivo. Que es valor entendido que para la motivación del
decisorio, no basta con la transcripción de las normas legales, sino que es
necesario demostrar la subsunción de las circunstancias del proceso.
Que tergiversa la argumentación de su
parte referida a que el art. 309 CF no menciona al beneficio de litigar sin
gastos, porque pretende que su parte alegaba alguna excepción que permita
sortear la letra de la ley. Nada más lejos del razonamiento contenido en el
recurso de reposición que pretende que la ley sea rectamente interpretada y
aplicada.
Sostiene que no importa que los efectos
del beneficio sean para el futuro, lo que importa es que la ley no establece un
plazo u oportunidad para la deducción del incidente. Una vez emplazado el
litigante conforme al art. 309 puede, dentro del término del emplazamiento, o
bien pagar la Tasa de Justicia o bien promover el incidente de eximición de
gastos, y si lo promueve dentro del término del emplazamiento resulta oportuno
y permite tener por cumplido el referido emplazamiento. Eso es coherente con el
efecto que la propia ley de rito (arts. 96 y 97 ap. II del Código Procesal
Civil derogado y arts. 96 y 97 del Código vigente, Ley 9001).
Que se tergiversa el argumento expuesto
en el recurso de reposición, porque este segundo incidente de beneficio tuvo
otra finalidad: fue promovido ad eventum para sustanciar el recurso de
apelación contra el auto que había decretado la caducidad de instancia, porque
tramitaban en pieza separada, y ello sin perjuicio de que los efectos del pedido
de litigar sin gastos declarado caduco subsisten mientras no quede firme el
auto que declaró la perención, es decir, subsiste el efecto previsto por el
código procesal: la parte sigue gozando provisoriamente del beneficio.
En todo caso, en los incidentes de
beneficio de litigar sin gastos, el recurso de reposición interpuesto por la
Sra. Bonilla fue rechazado y en la actualidad se está tramitando un recurso
extraordinario y el recurso de reposición interpuesto por José Alberto Bonilla
y Nora Herrera de Bonilla, fue sustanciado y nunca resuelto hasta ahora.
Que nada ha quedado firme; ni la
declaración de caducidad de instancia; ni el desglose de los escritos de
apelación en los respectivos incidentes declarados caducos. El auto recurrido
ignora lisa y llanamente todas esas circunstancias para desconocer sin ningún
fundamento que los pedidos de litigar sin gastos fueron oportunos y tuvieron
por efecto facultar a las partes provisoriamente para actuar sin pago previo de
la Tasa de Justicia.
Que carece de relevancia que haya
consentido la providencia de fs. 512 y 517 que contiene el tantas veces
referido emplazamiento por el pago de la Tasa de Justicia. Ante el
emplazamiento, y conforme la recta interpretación de la norma fiscal, la parte
tiene dos caminos: pagar la tasa o iniciar el beneficio de litigar sin gastos.
Ambas opciones suponen que el decreto de emplazamiento ha quedado consentido.
El error del argumento de la a quo
queda demostrado con sólo señalar que si la parte emplazada pagara la tasa no
le sería útil porque consintió el emplazamiento, lo cual es claramente
contrario a la lógica elemental.
Lo relevante es que, en el caso de
autos, el beneficio de litigar sin gastos fue promovido dentro del término del
emplazamiento mencionado relativo a la apelación de la sentencia y por tanto
fue oportuno y produjo su efecto provisorio, con lo cual quedó expedito el
trámite de la apelación de la sentencia principal y se mantiene así mientras la
declaración de perención de ese incidente no quede firme. Que la apelación de
la declaración de caducidad está todavía en trámite.
El auto ahora recurrido se pronuncia
como si la caducidad de instancia hubiera quedado firme y se niega a admitir el
efecto suspensivo propio de la interposición del recurso de apelación, y esto
sin dar fundamento alguno, con lo cual resulta que el decisorio es fruto
solamente de la voluntad de la juzgadora.
Que cuando la Juez argumenta sobre la
base del art. 306 del Código Fiscal incurre en un flagrante círculo vicioso
porque confunde los efectos de la promoción del incidente de litigar sin
gastos. Que es falso que el segundo beneficio haya perseguido la misma
finalidad que el primero y por eso no es aplicable al caso el art. 306 del
Código Fiscal. Este llamado segundo beneficio tuvo por objeto obtener la
dispensa de la tasa del recurso de apelación interpuesto contra la declaración
de perención de instancia, mientras que el que fue declarado caduco tuvo por
objeto la tasa de la apelación de la sentencia principal.
Que el eje y motivo de la discusión es
que que mientras la declaración de caducidad de instancia no quede firme, mi
parte tiene derecho a la suspensión provisoria del pago de tasas.
En cuanto a la falta
de interés legítimo de sindicatura, aduce que la sindicatura tenga las
facultades en el proceso falimentario, no significa que también las tenga en un
proceso común como es el de responsabilidad concursal previsto por el art. 173
LCQ. Que ninguna de estas facultades y funciones convierte a sindicatura en un
guardián del interés fiscal. Que el único guardián del interés es ATM, que no
es parte en el juicio y no obliga al juez con su dictamen.
Enumera
la existencia de agravio constitucional por las siguientes razones:
1.
El auto carece de fundamentación adecuada y suficiente porque elude el
tratamiento de la cuestión esencial y discutida y no se pronuncia sobre ella.
2.
Argumenta con la sola letra de la ley, pero se desentiende de la correcta
aplicación que resulte funcional a la salvaguarda de los derechos objeto de
litigio.
3.
Por vía de interpretación estricta y literal de la normativa, se priva a su
parte del derecho a la jurisdicción, toda vez que pone obstáculos a la
concesión del recurso de apelación. Que se traduce también en desmedro de la
garantía de propiedad.
4.
La carencia de fundamentación adecuada determina que el auto recurrido carezca
de los requisitos indispensables que la ley impone. El auto recurrido no es una
derivación razonada del derecho aplicable.
5.
El criterio de la juez peca de exceso ritual manifiesto, porque lleva la
exigencia formal más allá de lo aceptable en un estricto apego a las
formalidades procesales. Que la fundamentación del recurso no es mas que un
sometimiento ciego a normas fiscales con prescindencia de la finalidad que las
inspira, lo que constituye un exceso ritual
6.
Media error de interpretación y aplicación del art. 309 CF.
7.
El auto se ha convertido en un obstáculo para obtener de la Alzada la justa
composición del litigio.
8.
El decisorio ha frustrado la posibilidad de valerse del beneficio de litigar
sin gastos para poder acceder a la jurisdicción.
2. CONTESTACIÓN DE SINDICATURA.
Solicita se disponga el rechazo del
recurso extraordinario provincial incoado, con expresa imposición de costas.
Afirma que la relación de antecedentes expuesta por el recurrente, no se ajusta
a la realidad del proceso induciendo a engaño al Tribunal, utilizando el mismo
tenor del recurso extraordinario de los demandados tramitado en autos Nº CUIJ:
13-03788043-9/6. Que no es una “crítica”, sólo una expresión de deseos que no
tiene conexión con la causa y carece de razonabilidad. Que existe reiteración
de argumentos.
Que resulta extraño que el recurrente
no haga referencia al proceso de quiebra y a la situación de la masa de
acreedores; que si no hubiera sido por la conducta tenaz de la sindicatura y de
la interposición de la acción de responsabilidad nada cobrarían al haberse
clausurado el proceso por falta de activo.
Afirma que han demostrado que no tienen
interés en impulsar los BLSG, los que interponen cuando les conviene y además
los dejan caducar. El texto de la ley de quiebras precisa que las resoluciones
concursales son inapelables art. 273 inc. 3) siendo responsabilidad del juez
hacer cumplir sus plazos. La prolongación injustificada del trámite, puede ser
considerada mal desempeño del cargo. Que se podrá advertir que la quiebra y la
acción de responsabilidad concursal de ella derivada lleva más de 7 años en
trámite.
Se pregunta si hay o no prolongación
indebida del proceso. Afirma que la sentencia que hizo lugar a la acción de
responsabilidad iniciada por sindicatura fue dictada el 30/10/2017, es decir,
lleva más de 3 años sin ser operativa, sin avanzar en sus efectos económicos y
jurídicos por las trabas procesales de los recurrentes. Que no se tutela el
derecho crediticio de los acreedores, quienes están desamparados.
Asevera que la crítica del recurso no
es razonada, ni lógica, porque no se ajusta a la mecánica del proceso y quieren
fundar su pretensión en que sindicatura no “tiene interés fiscal” cuando uno de
los acreedores verificados en la quiebra es precisamente ATM.
Que resulta extraño que los recurrentes
invoquen que se afecta su derecho de propiedad (art. 17 CN) pero nada prueben
al respecto, luego de haber sido probado el fraude ocasionado a los acreedores
que en vano esperan una reparación del daño crediticio provocado por la quiebra
y aletargado por una acción de responsabilidad que cada día que pasa se vuelve
más estéril.
Aduce que se ha respetado el derecho de
defensa dando a las partes la posibilidad de aportar y producir pruebas. Que la
estafa procesal quedó configurada y reconocida por la juez a quo.
Que no se trata de una crítica porque
el recurrente no utiliza elementos jurídicos, sólo falacias alejadas de la
realidad del proceso. Su ejercicio del derecho de defensa consiste en
interponer BLSG y ni siquiera impulsarlos y no reconoce que el abuso provocado
va en contra del orden público concursal y de la buena fe procesal.
Precisa que no se entiende la crítica
propiciada ni asume la responsabilidad que su BLSG caducó, como así también la
apelación que interpusieron oportunamente. No señala la normativa en la que se
funda tal razonamiento.
Que los demandados al contestar la
demanda de la acción de responsabilidad, no invocaron este beneficio,
(oportunidad pertinente ya que el art. 95 inc. III del CPCC y TM exime de los
“gastos iniciales” del proceso); sino que recién lo hacen cuando son condenados
en costas al final del proceso, aclarando que ello era al efecto de no pagar la
tasa de justicia de la apelación y seguir defraudando a la masa de acreedores.
Se vulnera con su conducta el debido proceso y se abusa de este instrumento de
manera temeraria sin llamados de atención ni sanción alguna para los
profesionales intervinientes. Ha sido probado el daño crediticio provocado por
los recurrentes a lo largo de un proceso de siete años. Con una inflación del
50% anual, los créditos verificados en el pasivo quedan expuestos a una
realidad económica que los pulveriza. Todo lo contrario, a una pretendida
tutela del crédito que la ley concursal sostiene.
Indica que los demandados pretenden
vulnerar leyes fiscales, defraudar a los acreedores, violando el orden público
establecido haciendo uso y abuso de herramientas procesales.
No hay improcedencia del desglose con
el alcance del art. 309 del C.F. El vocablo es amplio, y si a ello sumamos el
contexto de una quiebra que no tiene activo y una acción de responsabilidad que
tramitó con las reglas del debido proceso y probó la infracapitalización
societaria de los recurrentes provocando un daño crediticio a los acreedores la
conclusión resulta adecuada, debía procederse al desglose.
Por otro lado, y concretamente en los
términos del art. 41 del CPC los recurrentes sostienen que sindicatura carece
de interés legítimo, económico o moral, jurídicamente protegido, admitiendo
como interesado directo al fisco. Por lo que se entiende que esta parte como
órgano auxiliar de la justicia y representante de la masa debe violar la ley y
no hacerla respetar. Este argumento es la síntesis de la conducta de los
fallidos- defraudar a los acreedores – y de sus representantes legales, una
estafa procesal consumada.
Que no pudieron los recurrentes
revertir un solo argumento de lo resuelto por el tribunal, a pesar de sus
supuestas críticas. La resolución no es arbitraria o normativamente incorrecta.
Por su parte la figura del síndico y su
participación en todos los BLSG surge necesaria de la misma normativa
falencial, la que se recuerda, es de orden público y por lo tanto infranqueable
por imperio del art. 275 inc. 8 LCQ.
3. DICTAMEN DE PROCURACIÓN GENERAL.
Remite a las consideraciones efectuadas
en un caso sustancialmente análogo al presente (EXPTE. 13-03788043-9-5 “BONILLA
STELLA MARIS EN J. SINDICO MONTE SILVIA C/BONILLA JOSE A. HERRERA DE BONILLA
NORA Y BONILLA STELLA MARIS EN J.1250026 JOSE BONILLA S.A. P/Q A.
RESPONSABLIDAD”) en el que propició su falta de definitividad del decisorio y
en su defecto, manifiesta que la causa debe rechazarse con apoyo en el
precedente “Ochoa”.
III. LA CUESTION A RESOLVER.
La cuestión a resolver es si resulta
arbitraria o normativamente incorrecta la decisión que, en el marco de una
acción de responsabilidad concursal incoada en los términos de los artículos
173 y siguientes de la Ley Concursal, ordena desglosar un recurso de apelación
contra la sentencia dictada en la causa, encontrándose vencido el plazo de
quince dias previsto en el art. 309 del CF sin que se haya abonado en forma
suficiente la tasa de justicia, a pesar de que el incidentante interpuso -en el
término del emplazamiento- un nuevo beneficio del litigar sin gastos.
IV. SOLUCION DEL CASO.
1. Principios liminares que rigen el
recurso extraordinario provincial.
Tiene dicho este Tribunal que, "la
tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de
vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en
razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de
las circunstancias del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas
decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S. 188-446, 188-311,
102-206, 209-348, L.S. 223-176). Supone la existencia de contradicción entre
los fundamentos del fallo y las constancias indubitadas de la causa o una
decisiva carencia de fundamentación (L.A.101-447; 108-23).
Conforme lo establece el art. 147 del
CPCCTM el recurso debe ser fundado estableciéndose clara y concretamente cuál
es la norma que correspondía o no aplicar, y en su caso, en qué consiste la
errónea interpretación legal invocada, y cuál es la que se propone como
correcta. El desarrollo argumental de la queja debe implicar una crítica
razonada de la sentencia en relación a la errónea exégesis que se invoca como
fundamento del recurso.
2. Aplicación de estas pautas al
sublite.
En orden a la falta de definitividad
propiciada por la Procuración General, advierto que si bien el decisorio en
crisis resulta ser un recurso de reposición rechazado por el juez de primera
instancia, lo cierto es que ordenó el desglose de una actuación judicial -en el
caso, recurso de apelación- a tenor de las expresas disposiciones del Código
Fiscal, lo cual ha sido objeto de numerosos pronunciamientos por parte de esta
Sala, en los que se tuvo en cuenta para la apertura de la instancia
extraordinaria -principalmente- la existencia de un gravamen irreparable para
el ocurrente (entre muchos, LS579-229, LS557-025, “Club Social Cultural y
Deportivo Personal B.P.S....” del 13/08/2014, “L.M.G.M. S.A....” del
03/07/2014).
La cuestión que ha sido planteada por
el recurrente se centra en afirmar que no debe desglosarse -por incumplimiento
de la normativa fiscal- el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia, en razón de haberse interpuesto un nuevo beneficio de litigar sin
gastos, en virtud de que el anterior fue declarado caduco.
Ahora bien, lo que en definitiva debe
resolver este Tribunal, es si existe arbitrariedad o error normativo en la
decisión del juez concursal al desglosar el recurso de apelación impetrado por
los codemandados contra la sentencia condenatoria dictada en una acción de
responsabilidad concursal, por insuficiencia de pago de la tasa de justicia.
Veamos. La quejosa resultó condenada en
una acción de responsabilidad incoada en los autos N° CUIJ N° 13-03788043-9 ut
supra individualizados, en los términos de los arts. 173 ss. y cc. de la ley de
concursos y quiebras. Este proceso es uno de los mecanismos genéricamente
denominados de “recomposición” o de “recuperación” patrimonial del fallido, del
que forman parte otros institutos concursales (vgr. Ineficacias concursales).
En efecto, ha sido puesta de resalto la particularidad de ser una acción
“típicamente concursal” que corresponde sea deducida por el síndico, conforme
lo dispone el art. 174 de la la Ley Concursal. (“Concursos y Quiebras. Ley
24.522”, Chomer Héctor O., Frick Pablo, 1ra. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Astrea, 2016. t. 3, p. 83)
La acción impetrada se encuentra
regulada en los arts. 173/176 en el Título III “Quiebra”, Capítulo III
“Extensión de la quiebra. Grupos Económicos. Responsabilidad de Terceros”,
Sección III “Responsabilidad de Terceros”. El segundo apartado del art. 176 de
la Ley Concursal prevé que las acciones reguladas en esta sección se tramitan
por ante el juez del concurso y son aplicables los arts. 119 y 120, en lo
pertinente.
Por su parte, el art. 119, referido a
las acciones de ineficacia concursal, dispone que la acción “no está
sometida a tributo previo, sin perjuicio de su pago por quien resulte vencido,
en su caso el crédito por la tasa de justicia tendrá la preferencia del
artículo 240”.
Claramente, la doctrina ha señalado:
“En igual sentido estas acciones estarán exentas del pago de la tasa de
justicia, la cual será considerada crédito prededucible (art. 240 LCQ)”
(Graziábile, Darío J., “Ley de Concursos Comentada. Análisis Exegético”, 2da
Edición, Buenos Aires, Errepar, 2011, p. 347). Y que: “Las acciones de los arts.
173 y 174 LCQ no están sometidas a tributo previo, sin perjuicio del pago
oportuno por el vencido. En su caso, si las costas se cargaran al concurso, la
tasa de justicia tendrá la preferencia del art. 240 LCQ... La exención
tributaria, se ha dicho, incluye toda tasa o contribución a entidades
profesionales” (“Código de Comercio. Comentado y Anotado”, tomo IV-B/
coordinado por Daniel F. Alonso; dirigido por Adolfo A. N. Rouillón, 1era
Edición, Buenos Aires, La Ley 2007, p. 431).
Es decir que, en virtud de esta expresa
disposición es que la acción incoada en la causa por la sindicatura de la
quiebra no ha estado sometida a tributo previo.
Ahora bien, si en esta causa la
sindicatura no ha debido abonar en forma previa las gabelas de ley, pues no le
son al inicio exigibles atento a esta expresa disposición de
la normativa concursal, por elementales garantías constitucionales del derecho
de defensa de juicio y los principios de igualdad y bilateralidad del proceso,
el mismo beneficio en cuanto a la oportunidad del pago debe regir para los
demandados en la causa. Esto es, aquel referido a la inexigibilidad actual o,
en otras palabras, al diferimiento en la obligación de pago de la
Tasa de Justicia hasta el momento procesal oportuno.
En efecto, al estar comprometido
el principio constitucional de acceso a la justicia de los peticionantes (art.
14 y 18 de la C.N) el criterio de interpretación debe ser en favor de este
derecho. En el caso, se trata de un recurso de apelación contra una sentencia
condenatoria, en la que la orden de desglose implicaría la denegatoria del
acceso a la jurisdicción del justiciable. Adviértase que, para ejercer su
derecho de defensa se le está exigiendo al demandado un requisito que no se le
exige a quien ha revestido la calidad de actor en la causa, lo que importa una
inadmisible situación de desigualdad en el ámbito del proceso.
En este sentido, nuestro código
procesal civil (al igual que el anterior), al contemplar los efectos del
beneficio de litigar sin gastos (art. 97) dispone que el litigante contrario al
que goce del beneficio podrá actuar provisoriamente en papel simple y sin
previo pago de impuesto de justicia, sin perjuicio de lo que en definitiva se
resuelva en la sentencia. Al respecto se ha dicho: “Atendiendo al principio de
igualdad en el proceso, el litigante contrario al que goza del beneficio de
litigar sin gastos (por ejemplo el Estado Provincial), puede actuar
provisoriamente en papel simple y sin previo pago de tasa de justicia, a las
resultas de lo que se resuelva en la sentencia decisoria del fondo de las
cuestiones motivo del proceso principal”. (“Código Procesal Civil de la
Provincia de Mendoza”, Coordinado por Horacio C. Gianella, 1era Edición, Buenos
Aires, La Ley, 2008, v. 1, p. 386).
En cuanto al principio de igualdad
procesal, de inexorable aplicación al presente, se ha dicho que es una
manifestación del principio general de "igualdad ante la ley"
consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional. “...Calamandrei señala
que el principio de igualdad procesal se formula de la siguiente manera,
"las partes en cuanto piden justicia, deben ser puestas en el proceso en
absoluta paridad de condiciones … Guasp, a su vez, dice que la posición igual
de las partes o principio de la igualdad de partes significa que la condición
de cada una de ellas debe tener un contenido equivalente, es decir, que no
pueden diferir en sustancia los deberes y derechos de una parte y otra.”
(“Principio de igualdad procesal”, Loutayf Ranea, Roberto G. Solá, Ernesto.
Publicado en: LA LEY 11/05/2011 , 1 • LA LEY 2011-C , 790).
No existe razón para convalidar la
desigualdad de trato que se ha dado a los contendientes de esta litis, en tanto
en el caso, las partes deben ostentar las mismas facultades procesales, más
cuando ello se trata del ejercicio del derecho de defensa. Ello, en consonancia
con el deber de interpretación de las leyes contenido en el art. 2 CCyCN, esto
es, teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las
disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios
y los valores jurídicos y de realizar esta manda de un modo coherente con la
totalidad del ordenamiento.
Con razón se ha dicho: “Es decir, el
enriquecedor marco normativo que contempla el nuevo Código pone énfasis en la
tutela judicial efectiva y el debido proceso —entre otros derechos y garantías—
y ello debe traducirse en un proceso justo, conformado por el amplio e
irrestricto acceso a la justicia, la satisfacción plena de los principios de
bilateralidad, igualdad de las partes, el derecho a la prueba, a un
pronunciamiento fundado en hechos reales debidamente acreditados y conforme a
las peticiones y defensas impetradas, como así también a la ejecución en tiempo
y forma de la sentencia firme dictada.” (“El rol del juez civil a la luz de la
constitucionalización del derecho privado”, Ferraresi, Laura, Publicado en: LA
LEY 13/01/2020 , 1 • LA LEY 2020-A , 560. Cita: TR LALEY AR/DOC/4197/2019)
No se me escapa que la defensa
esgrimida por los recurrentes ha transitado por otros carriles y que, a lo
largo de este prolongado proceso, han consentido algunas decisiones
jurisdiccionales que considero erradas. Sin embargo, al estar en juego el
desconocimiento de principios constitucionales, tales circunstancias no
resultan óbice para la solución que propongo en tanto con ella se propugna
hacer efectivo los derechos de igualdad y de defensa en juicio.
Por último, en cuanto al interés fiscal
comprometido, reitero que la solución que se propicia no implica
considerar que los codemandados están exentos del pago de la tasa, sino que tal
cuestión deberá diferirse hasta el momento en que quede firme la sentencia. La
Ley Concursal lo ha previsto en forma expresa: “ sin perjuicio de su
pago por quien resulte vencido” o en su caso, “el crédito por
la tasa de justicia tendrá la preferencia del artículo 240”.
En consecuencia, conforme a lo
precedentemente expuesto, efectuando una interpretación armónica de la
normativa y principios involucrados, en pos de la operatividad del derecho de
acceso a la justicia que asiste a la recurrente, y si mi voto es compartido por
mis distinguidos colegas de Sala, entiendo que el recurso extraordinario
provincial deducido debe ser admitido por los motivos expuestos.
Así voto.
Sobre la misma cuestión los Dres. DAY y LLORENTE,
adhieren al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JULIO RAMON GOMEZ
DIJO:
Atento a lo resuelto
en la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al Recurso Extraordinario
Provincial interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por el
Primer Juzgado de Procesos Concursales de la Primera Circunscripción Judicial a
fojas 710/716 de los autos n° CUIJ 13-03788043-9 caratulados: “SINDICO MONTE
SILVIA C/BONILLA JOSE ALBERTO, HERRERA DE BONILLA NORA CRISTINA Y BONILLA
STELLA MARIS EN J.1250026 JOSE BONILLA SA P/Q P/A.RESPONS.”.
En su lugar, deberá
hacerse lugar al recurso de reposición planteado y ordenar la remisión de la
causa al Tribunal de Alzada para que continúe con la tramitación de los
recursos de apelación incoados a fs. 510 y 513. Ello, atendiendo a que la
codemandada Stella Maris Bonilla se encuentra en idéntica situación procesal y
teniendo presente lo que se resuelve en el día de la fecha en los autos N°
13-03788043-9/5(55323) “Bonilla Stella Maris en J° 13-03788043-9/1 (011901-55323)
Sindico Monte Silvia C/Bonilla Jose Alberto, Herrera De Bonilla Nora Cristina Y
Bonilla Stella Maris en J.1250026 Jose Bonilla SA P/Q P/A.Respons Por Ordinario
P/ Recurso Extraordinario Provincial”
Así voto.
Sobre la misma cuestión los Dres. DAY y
LLORENTE, adhieren al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTION EL DR JULIO RAMON GOMEZ DIJO:
En atención a las
particularidades de la causa, a la índole de las cuestiones en disputa,
teniendo en cuenta la forma en que se decide la cuestión, propongo que las
costas en todas las instancias se impongan en el orden causado (art. 36
CPCCyTM), a fin de no cargar a la masa con honorarios vinculados con la
actuación de los letrados patrocinantes de quienes han sido demandados en un
juicio de responsabilidad iniciado por la sindicatura actuante en ejercicio de
sus indelegables funciones.
Así voto.
Sobre la misma cuestión los Dres. DAY y
LLORENTE, adhieren al voto que antecede.
Con lo que se dio por terminado el
acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:
S E N T E N C I A :
Mendoza, 13 de Setiembre de 2021.
Y VISTOS:
Por el mérito que resulta del acuerdo
precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en
definitiva,
R E S U E L V E :
I. Hacer lugar al
Recurso Extraordinario Provincial interpuesto a fs. 2/14 y, en consecuencia,
revocar la resolución dictada por el Primer Juzgado de Procesos Concursales de
la Primera Circunscripción Judicial a fojas 710/716 de los autos n° CUIJ
13-03788043-9 caratulados: “SINDICO MONTE SILVIA C/BONILLA JOSE ALBERTO,
HERRERA DE BONILLA NORA CRISTINA Y BONILLA STELLA MARIS EN J.1250026 JOSE
BONILLA SA P/Q P/A.RESPONS.”, la que quedará redactada de la siguiente manera:
“I.- Admitir los recursos
de reposición impetrados por los Sres. Stella Maris Bonilla, Nora C. Herrera de
Bonilla y José A. Bonilla y en consecuencia, modificar el último párafo del
decreto de fs. 650 el que quedará redactado de la siguiente manera: “...Téngase
por contestada la vista conferida a ATM para su oportunidad. Elévese a la
Quinta Cámara de Apelaciones para la continuación de la tramitación de los
recursos de apelación impetrados a fs. 510 y 513.”
“II.- Imponer las costas en
el orden causado (art. 35 y 36 CPCCyT, por aplicación del art. 287 LCQ).”
“III.- Diferir la
regulación de honorarios para su oportunidad.”
II.- Imponer costas de la instancia
extraordinaria en el orden causado.
III.- Diferir la regulación de
honorarios para su oportunidad.
NOTIFIQUESE.
