Por Carlos Alberto Ferro[1]
Introducción.
En el
año 2008, el sector vitivinícola de la provincia manifestaba su preocupación
por la incertidumbre generada a partir de la crisis económica mundial. El
credit crunch impactaba de diversas maneras en las economías regionales, y si
bien no se habían producido cierres de plazas en los mercados internacionales,
ni disminuciones en el consumo de vino ni en los precios manejados, la
inseguridad por el contexto financiero mundial retrasaba la cadena de pagos y
derivaba en que se tomaran, según informes especializados, algunas medidas
preventivas en la plaza local para minimizar el impacto.[2]
Varios
años después, la matriz productiva de Mendoza atraviesa otro punto de inflexión
que ya no puede describirse como un simple reacomodamiento sectorial. Mientras
la vitivinicultura —históricamente el corazón simbólico y económico de la
provincia— enfrenta una crisis estructural [3]
marcada por sobrestock, caída del consumo y fragilidad financiera, la minería
emerge con una potencia discursiva y política que reconfigura prioridades,
inversiones y expectativas de desarrollo.[4]
No se
trata aún de un desplazamiento consumado, pero sí de una tensión real por el
protagonismo económico, donde un sector tradicionalmente intensivo en trabajo y
arraigo territorial convive con otro intensivo en capital y promesas de
rentabilidad acelerada. La pregunta ya no es si la vitivinicultura puede
sostener su centralidad histórica, sino si el nuevo equilibrio productivo que
se está gestando permitirá preservar su rol estratégico o si quedará
subordinada a una lógica extractiva que avanza con la fuerza de un cambio de
época.
2. Cambios que desordenan: efectos estructurales
de las nuevas políticas vitivinícolas
La habilitación para profundizar la
producción de vino sin alcohol y la transformación del certificado de ingreso
de uva (CIU) en un instrumento opcional reconfiguran el equilibrio regulatorio
del sector vitivinícola en un momento de fragilidad estructural.[5]
La expansión del vino sin alcohol
abre oportunidades comerciales para actores con capacidad de inversión
—especialmente medianas y grandes bodegas— que pueden acceder a tecnologías de
desalcoholización y a mercados emergentes. Sin embargo, para pymes y cooperativas,
esta reconversión implica costos elevados y riesgos de quedar rezagadas en un
mercado cada vez más segmentado, profundizando la brecha competitiva y
acelerando procesos de concentración.
La opcionalidad del CIU, por su
parte, debilita un mecanismo histórico de trazabilidad y control de volúmenes,
reduciendo la capacidad del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para
monitorear el flujo real de uva y vino.[6] Esto no solo incrementa el
riesgo de informalidad en un sector ya atomizado, sino que también genera
asimetrías competitivas entre quienes continúen cumpliendo voluntariamente con
el certificado y quienes opten por evitar sus costos administrativos. La pérdida
de información estratégica afecta la planificación pública y privada,
comprometiendo la previsibilidad de precios, contratos y proyecciones de
cosecha.
En conjunto, ambas medidas producen
un efecto sistémico que tensiona aún más a un sector que enfrenta sobrestock, y
otras dificultades como la caída del consumo y dificultades financieras
crecientes. La diversificación hacia productos sin alcohol puede aliviar parte
del excedente, pero también desplaza volúmenes del vino tradicional, mientras
que la flexibilización del CIU erosiona la gobernanza sectorial en un momento
en que la coordinación y seguridad es excluyente. El resultado probable es un
ecosistema más fragmentado, con mayor vulnerabilidad para productores primarios
y cooperativas, y un incremento en la probabilidad de incumplimientos
contractuales, litigios y procesos de insolvencia encadenada.
Las consecuencias de este proceso
exceden lo estrictamente económico y comienzan a manifestarse en el territorio
mismo, abriendo paso a una comparación necesaria con la experiencia europea
para citar un ejemplo.
3. Europa refuerza la idea de que el vino
sostiene territorios; Mendoza está viendo cómo esos territorios se vacían
La discusión en el Parlamento
Europeo sobre “Un mundo sin vino: ¿Qué está en juego para Europa?”[7] revela un giro importante
en la agenda pública europea: el vino deja de ser analizado únicamente como un
producto agrícola o un bien de consumo y pasa a ser considerado un activo
territorial, cultural y socioeconómico estratégico. EFOW[8] subraya que la
sostenibilidad del sector descansa en tres pilares inseparables —ambiental,
social y económico— y que, a diferencia de otros, las regiones vitivinícolas
europeas han logrado articularlos de manera equilibrada y estable a lo largo de
siglos.
El debate también pone en evidencia
un riesgo creciente: la tendencia a evaluar el vino exclusivamente desde la
óptica de la salud pública. Frente a esta narrativa reduccionista, el parlamento
europeo y los expertos convocados reivindican la multidimensionalidad del vino,
destacando su rol en la biodiversidad, la vitalidad rural, el enoturismo, la
identidad cultural y la cohesión territorial. En regiones con pendientes
extremas, suelos pobres o terrazas de montaña —donde la vid es el único cultivo
viable— el vino no es solo una actividad económica, sino un mecanismo de
supervivencia comunitaria y de mantenimiento del paisaje humano. Esta complejidad territorial y
social del vino ayuda a entender por qué los debates regulatorios en torno al
sector son especialmente delicados.
A modo de reflexión, la noticia
muestra que Europa está intentando construir un nuevo equilibrio regulatorio:
políticas que atiendan las preocupaciones sanitarias sin desarticular un sector
que sostiene miles de empleos, fija población en zonas rurales y preserva
prácticas culturales centenarias. Este enfoque tripartito —salud,
sostenibilidad y tradición— anticipa un modelo de gobernanza que podría
convertirse en referencia para regiones vitivinícolas fuera de Europa,
especialmente aquellas que enfrentan crisis estructurales, como Mendoza.
La distancia entre este enfoque
regulatorio cultural e integral y la situación mendocina se vuelve evidente al
observar que, frente a la crisis, predominan medidas reactivas antes que
políticas estructurales.
4. Medidas de emergencia y fragilidad
sistémica en la vitivinicultura Mendocina
El periodismo especializado señala
que las respuestas de los responsables de las políticas, frente a la crisis
vitivinícola —ofrecer líneas de crédito a las bodegas a cambio de garantizar un
mejor precio del vino y, por extensión, de la uva— revela la profundidad de la
fragilidad financiera del sector. [9]
La pérdida de rentabilidad y el
quiebre de la cadena de pagos dejaron de ser indicadores técnicos: hoy son
golpes directos sobre productores y bodegas. Como advierte Matías Manzanares,
“la crisis es alarmante”,[10]
una frase que sintetiza la magnitud del
deterioro económico que atraviesa el sector. Los testimonios son elocuentes: a
los costos de energía y cosecha que se duplicaron en un año se suma la
interrupción de los pagos, mientras un vino tinto que el año pasado se pagaba a
$500 el litro hoy apenas alcanza los $400. No es un ajuste; es una contracción
que amenaza la sostenibilidad misma de la actividad
En este contexto, la medida oficial busca aportar liquidez rápida a un
sector donde muchas bodegas operan con márgenes mínimos, precios que crecen por
debajo de la inflación, deudas crecientes y ciclos productivos que no se
alinean con los plazos de sus créditos. El reciente concurso de Bodegas Norton[11]
expone con crudeza esta tensión: condicionar la financiación a mantener precios
mínimos revela que el mercado no logra sostener el valor del vino ni proteger
al productor, profundizando la fragilidad de toda la cadena. El efecto cascada
en el circuito del crédito no es inmediato, y en los próximos meses el corte de
la cadena del pago del sector se profundizará. [12]
Desde
una perspectiva estructural, los datos del INV muestran que el volumen total de
ventas de 2023 y 2024 fue el más bajo en dos décadas, incluso por debajo de los
mínimos históricos. Este indicador no solo evidencia una contracción comercial
profunda, sino que proyecta un escenario de creciente fragilidad financiera
para el sector vitivinícola y las actividades que dependen de él. [13]
Este deterioro comercial se traduce, a nivel
operativo, en una creciente complejidad para las bodegas dentro del circuito
productivo mendocino. La dependencia de terceros para el abastecimiento de
uvas, la dispersión de procesos entre instalaciones propias y ajenas, y una
estructura intensiva en personal e inversiones configuran un entramado
vulnerable. Esta dinámica, señalada por el semáforo de las economías regionales
de Coninagro, [14]
ubica al vino y al mosto en alerta roja, evidenciando que la brecha entre
ingresos y costos compromete la sostenibilidad económica del sector y limita la
capacidad de inversión y continuidad productiva de bodegas y productores.
Cuando
estas tensiones económicas se profundizan y comienzan a traducirse en
dificultades de cumplimiento de manera regular y permanente, la fragilidad
financiera se expande a lo largo de toda la cadena vitivinícola.
Considerando la dinámica actual, el
concurso preventivo aparece como una herramienta jurídica que permite ordenar y
reestructurar deudas sin sacrificar la continuidad operativa de la empresa. Su
principal virtud, especialmente en sectores de fuerte arraigo territorial como
el vitivinícola, es que posibilita la negociación con acreedores mientras el deudor
conserva la administración del giro ordinario, evitando así soluciones extremas
como la venta apresurada de activos estratégicos o el cierre definitivo de
establecimientos.
Erróneamente considerado como un
mecanismo de liquidación, el concurso preventivo funciona como un espacio legal
para reorganizar pasivos, estabilizar flujos y gestionar tiempo en contextos
donde la insolvencia es inminente pero aún reversible. En este sentido,
constituye una alternativa coherente con la lógica de preservación de unidades
productivas que caracteriza a las actividades agroindustriales regionales.
Su relevancia se vuelve aún
más evidente cuando las respuestas económicas generales no logran recomponer la
liquidez del sector.
En este punto, la dinámica
concursal se entrelaza con las condiciones macroeconómicas que moldean la
viabilidad de cualquier proceso de reestructuración sectorial.
5. Entre la estrategia
exportadora y el riesgo concursal: un equilibrio inestable
La comercialización de vino en el
mercado interno argentino alcanzó en 2024 apenas 7.663.317 hectolitros, un
nivel 1,2% inferior al del año anterior y muy distante de los más de 9,4
millones de hectolitros consumidos en 2020, durante la pandemia. Aunque la
caída muestra una leve desaceleración, la magnitud del retroceso acumulado
revela una contracción estructural del mercado interno: en solo cuatro años, el
sector perdió casi dos millones de hectolitros de consumo. Esta merma sostenida
no solo reduce los ingresos de bodegas y productores, sino que profundiza el
estrés financiero de toda la cadena vitivinícola, evidenciando la gravedad de
la crisis que atraviesa la actividad.[15]
En el plano económico, el énfasis
oficial en impulsar exportaciones como vía para recuperar liquidez confirma que
el mercado interno se encuentra saturado y que el sobrestock continúa
presionando los precios a la baja. Sin embargo, la estrategia exportadora
depende de variables externas —tipo de cambio, costos logísticos, demanda
internacional— que no siempre acompañan, lo que limita su eficacia como
herramienta anticíclica inmediata.
Desde la perspectiva del derecho de
la insolvencia, este escenario configura un riesgo claro: la combinación de
falta de liquidez, precios deprimidos y endeudamiento creciente aumenta la
probabilidad de incumplimientos contractuales y de insolvencias encadenadas,
especialmente entre bodegas medianas y pequeños productores. Esta
vulnerabilidad estructural se refleja con nitidez en las declaraciones del
propio sector
La necesidad de “sacar vino como sea para
recuperar rentabilidad” sintetiza un escenario donde los bajos precios y
los extensos plazos de pago asfixian a productores y bodegas. A esta presión se
suma un problema aún más grave: la falta de crédito accesible. Con tasas
superiores al 40%, la financiación se vuelve inviable para la mayoría de los
actores, que apenas aspiran a “llegar a la próxima vendimia”, según la
Asociación de Viñateros de Mendoza. [16]
En la práctica, el sector comenzó a
plantear medidas excepcionales al Gobierno, entre ellas una propuesta inédita:
adelantar los créditos de cosecha y acarreo —habitualmente disponibles recién
en febrero— para evitar que la falta de liquidez derive en incumplimientos, paralización
operativa y un agravamiento de la crisis sistémica.
El reclamo sectorial por activar plenamente el
Banco de Vinos[17]
y adelantar créditos de cosecha evidencia que las medidas coyunturales no
alcanzan para estabilizar un sistema que requiere instrumentos institucionales
permanentes.
El Banco de Vinos, concebido como
mecanismo de absorción de excedentes y ordenamiento del mercado, sigue siendo
una herramienta subutilizada cuya ausencia o debilidad amplifica la volatilidad
del sector. En este contexto, la falta de políticas anticíclicas robustas no
solo profundiza la crisis económica, sino que también compromete la
sostenibilidad territorial y social de la vitivinicultura mendocina, reforzando
la necesidad de un enfoque integral que combine regulación, financiamiento y
prevención de insolvencias.
Las medidas
anticíclicas suelen tardar en implementarse y rara vez responden a tiempo a las
crisis del sector. Cuando una crisis vitivinícola provoca precios bajos, exceso
de inventario y tensiones financieras, estas políticas tienen un efecto
limitado y muchas veces llegan tarde para cubrir las necesidades de liquidez y
estabilidad.
Conclusión
La
vinculación entre la insolvencia clásica y los fenómenos emergentes permite diagnosticar
con precisión las crisis sectoriales actuales. El caso de la vitivinicultura
mendocina es elocuente: ilustra cómo la fragilidad de un sector
primario-industrial se propaga ante la confluencia de factores estructurales,
tanto endógenos como exógenos.
Actualmente,
la combinación de precios deprimidos, costos crecientes y falta de liquidez
configura un escenario de insolvencia inminente. Aunque el
incumplimiento formal no se haya generalizado, el estrés financiero actual lo
torna inminente. Esta fragilidad adquiere un carácter sistémico cuando la caída
de actores centrales arrastra al resto de la cadena de valor.
Dada esta
interdependencia, el daño se transmite linealmente: del productor a la bodega,
y de esta hacia proveedores y el sistema financiero. Esta propagación,
intrínseca al circuito de inversión, exige enfoques concursales preventivos y
políticas anticíclicas oportunas; su ausencia no solo agrava el cuadro, sino
que anula la capacidad de resiliencia del sector.
Históricamente,
la vitivinicultura mendocina repite este patrón. Pese a los cambios
tecnológicos o macroeconómicos, los ciclos recesivos mantienen constantes
críticas: sobreproducción, tensiones en la cadena de pagos y una persistente
falta de intervención temprana. En este sentido, estudiar estas recurrencias no
es un ejercicio descriptivo, sino una condición necesaria para interpretar la
lógica de un sector territorialmente sensible.[18] Solo este aprendizaje histórico permite
evaluar la eficacia de las respuestas públicas y privadas, revelando por qué
ciertas medidas resultan tardías o insuficientes ante dinámicas que ya se
encuentran profundamente instaladas.
Carlos Alberto Ferro
Universidad del Aconcagua (Argentina)
ORCID iD: 0009-0000-3478-9765
Email: carlosalbertoferro@uda.edu.ar
Diciembre 2025
[1]
Carlos Alberto Ferro,
abogado, egresado de la Universidad de Mendoza, Argentina. Especialista en
Sindicatura Concursal y Entidades en Insolvencia por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (U.N.C.). Candidato a Doctor en
Derecho y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Mendoza (cohorte 2023/2024).
Profesor Adjunto de Derecho Comercial II – Concursos y Quiebras – en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Aconcagua (Mendoza).
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal (IIDC)
2 Hinojosa, M. (2008,
5 de noviembre). Crisis mundial: Preocupación en el sector vitivinícola del
Valle de Uco. MDZ Online. https://www.mdzol.com/notas/2008/11/5/crisis-mundial-preocupacion-en-el-sector-vitivinicola-del-valle-de-uco-547240.html
[3]
En
vitivinicultura, una crisis estructural es aquella que no se debe a un evento
puntual, sino a problemas profundos, persistentes y de largo plazo que afectan
la capacidad del sector para funcionar de manera sostenible. No es un bache
coyuntural: es un desajuste permanente, extendido en el tiempo, entre la
oferta, la demanda, los costos y el modelo productivo.
[4] Ley 9684, Provincia de Mendoza, que
aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “PSJ Cobre Mendocino”,
Boletín Oficial del 11 de diciembre de 2025
[5] MDZ Política. (2025, 27 de
noviembre). Vino sin alcohol, crisis y CIU obligatorio: qué dijo Vargas Arizu
sobre los desafíos del sector vitivinícola. MDZ Online. https://www.mdzol.com/politica/vino-alcohol-crisis-y-ciu-obligatorio-que-dijo-vargas-arizu-los-desafios-del-sector-vitivinicola-n1395870
[6] En el sector advierten que la eliminación de controles del INV deja sin respaldo
legal la entrega de uva y abre la puerta a maniobras que afectarían la calidad
y la transparencia en la industria. Ver La Gaceta.
(2025, 9 de diciembre). “Se lo dijimos en la cara a Sturzenegger”: qué
responde el sector vitivinícola a las nuevas medidas. https://www.lagaceta.com.ar/nota/1116084/economia/se-lo-dijimos-cara-sturzenegger-responde-sector-vitivinicola-nuevas-medidas.html
[7]
Vinetur. (2025, 9 de diciembre). Wine sector crisis spurs EU action
as debate highlights role in rural economies and culture. https://www.vinetur.com/2025120994074/wine-sector-crisis-spurs-eu-action-as-debate-highlights-role-in-rural-economies-and-culture.html
[8]
La European Federation of
Origin Wines (EFOW), organización que representa a las
denominaciones de origen de vino europeas.
[9]
Flores, M. Á. (2025, 21 de octubre). Crisis vitivinícola: el Gobierno
ofrece crédito a bodegas a cambio de un mejor precio del vino. Diario UNO. https://www.diariouno.com.ar/economia/crisis-vitivinicola-el-gobierno-ofrece-credito-bodegas-cambio-un-mejor-precio-del-vino-n1489036
[10] Manzanares (citado en Flores, 2025)
[11] Autos Cuij: 13-07971624-8((011901-1255077)) “Bodega Norton S.A. P/ Megaconcurso”,
originarios del Primer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza. Fuente: https://wwwnoti.jus.mendoza.gov.ar/
[12]
Ante la caída de consumo
(casi 7 meses de stocks), el Gobierno acordó con las cámaras un crédito
para dar liquidez a las bodegas y poder exportar. (Flores, 2025)
[13] Instituto Nacional de Vitivinicultura. (2024). Informe anual del
mercado interno de vinos 2024. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe_anual_mercado_interno_de_vinos_2024.pdf
[14] Noticias Mendoza. (2025, 14 de diciembre). Alerta roja para el vino:
Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad. https://noticiasmendoza.com.ar/alerta-roja-para-el-vino-coninagro-advierte-una-fuerte-caida-de-la-rentabilidad/
[15]
Instituto
Nacional de Vitivinicultura. (2024). Informe anual del mercado interno de
vinos 2024. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe_anual_mercado_interno_de_vinos_2024.pdf
[16] Flores, 2025
[17] LEY 9.245 MENDOZA, 5 de agosto de 2020 Boletín
Oficial, 11 de agosto de 2020. Id SAIJ: LPM0009245
[18]
Ferro, V. P. (2008). Los
efectos económicos de la crisis mundial de 1929 en la provincia de Mendoza:
Graves consecuencias en la industria vitivinícola. Editorial Dunken.
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