CONCURSO PREVENTIVO. MEDIDA AUTOSATISFACTIVA. DERECHO A LA SALUD. PRESTACIONES MEDICAS A SOCIEDAD CONCURSADA

 PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

PODER JUDICIAL MENDOZA

foja: 64

CUIJ: 13-06829488-0/2((011901-1253904))

PIEZA SEPARADA CIRCULO MEDICO DE MENDOZA EN J: 13-06829488-0 ((011901 - 1253904)) CIRCULO MEDICO DE MENDOZA P/ CONC. GRANDE POR MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

*106118700*

Mendoza, 13 de Mayo de 2022.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 15/28 compareció el Sr. José L. Palma en su carácter de Presidente del Circulo Médico de Mendoza, con patrocinio letrado, interponiendo MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

Pretenden los peticionantes que mediante la cautelar impetrada se pueda cumplir con las prestaciones de salud incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con sus afiliados, por parte de aquellas entidades cuyas prestaciones revisten el carácter de únicas en su especie y complejidad, identificándolas como la FUNDACION CENTRO ONCOLOGICO DE INTEGRACION REGIONAL (COIR) (Legajo de Acreedor N° 68) único centro de Mendoza que administra los tratamientos de quimioterapia a pacientes oncológicos; y a la FUNDACION ESCUELA DE MEDICINA NUCLEAR (FUESMEN) (Legajo de Acreedor N° 91), cuyos “estudios de alta complejidad no solo son únicos en la Provincia sino en esta región del país debido al equipamiento y tecnología que posee” (sic).

Peticionó concretamente que se oficie a las autoridades de las entidades mencionadas, a fin de “otorgar los servicios y coberturas de salud correspondientes a los afiliados de CIMESA en las condiciones pautadas, debiendo ser canceladas, solo aquellas que se presten con fecha posterior a la presentación en concurso” (sic) Aclarando que “las prestaciones anteriores a esa fecha, deberán ser insinuadas en el pasivo concursal en los términos del art. 32 LCQ. Ello con el fin de respetar el principio de la pars conditio creditorum y permitir a CIMESA equilibrar su situación financiera y económica para poder continuar con su objeto” (sic).

Explicaron además que, FUESMEN Y COIR realizan determinados tipos de prestaciones, que requieren una urgente solución, ante el contexto de vulnerabilidad financiera que atraviesa la concursada, teniendo en cuenta que COIR condiciona la prestación de servicios a los afiliados, en la medida que se cancele la deuda pre-concursal, aun cuando las prestaciones posteriores a la fecha de presentación, se estén cancelando en efectivo.

Invocan lo previsto en el art. 20 LCQ, determinando el concepto de servicio público, como “un conjunto de actividades prestacionales a cargo del estado dirigidas a satisfacer necesidades sociales básicas y atender exigencias colectivas de la comunidad en miras a concretar el bien común y el bienestar general, por lo que las prestaciones correspondientes a FUESMEN y COIR no pueden suspenderse en los términos de aquel artículo.

Fundan la medida peticionada en que, a) hay una situación de emergencia, que surge de la necesidad de poder brindar a los afiliados las prestaciones recomendadas por sus médicos tratantes y que solo pueden ser suministradas por el COIR y el FUESMEN. b) cuestión humanitaria y social excluyente: Los afiliados, proveedores y demás interesados pueden quedar expuestos a no poder ser atendidos y satisfechos en sus demandas de manera inmediata. Denunciando que de esta manera se tienen por cumplimentados los presupuestos formales previstos por la doctrina y jurisprudencia para este tipo de medidas.

Afirman posteriormente que, el reclamo de los créditos por prestaciones, son de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso y los prestadores denunciados, están condicionando las prestaciones actuales a los afiliados, siempre que se pague la deuda anterior primero.

Explicaron que, en relación a esto último, es dable destacar que ambas fundaciones COIR y FUESMEN son instituciones conformada por organismos estatales, así el FUESMEN está integrado desde 1991 por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras que el COIR fue creada en 1999 por la Liga Mendocina de Lucha contra el Cáncer (LIMCEC) y la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN), en otras palabras, son personas jurídicas integradas por organismos públicos que con mayor razón deben garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos con independencia de la cobertura médica de la que gocen.

Luego de expresarse respecto de los fundamentos constitucionales de la medida autosatisfactiva, invocan la protección del derecho de salud como un derecho constitucional y convencionalmente protegido, enunciando los derechos y principios constitucionales conculcados.

En subsidio, plantearon que se otorgue la autorización prevista en el art. 20 LCQ, a fin de abonar en la medida de las condiciones económicas y financieras lo permitan las prestaciones adeudadas al COIR a la fecha de la presentación del concurso preventivo.

Finalmente, ofrecieron como prueba, además de las constancias que obran en el proceso concursal, un listado de prestaciones de salud que suministra el FUESMEN y el COIR y una testimonial.

Que a fs. 62 ampliaron la documentación ofrecida como prueba, acompañando la documental que allí se indica, y respecto al COIR la comunicación de cese de prestación de los servicios y los listados de prestaciones con los valores actuales vigentes de ambos servicios.-

Que, resulta necesario conceptualizar la medida impetrada y lo haremos conforme a la caracterización atribuida por Baracat Edgar José, “Medidas Cautelares en los Concursos”, Rubinzal Culzoni, 2009, p. 241/242), como Cautelares para el mantenimiento de la actividad “1) Es procedente la medida de no innovar deducida por la concursada a fin de que una droguería mantenga el suministro de medicamentos a las farmacias que ella administra, pues si bien en virtud del principio de autonomía de la voluntad no podría imponerse a aquella una relación contractual, ello no es absoluto (arts. 14 y 18 Constitución Nacional), sobre todo cuando no se advierte ninguna razón legítima para que tal suministro sea interrumpido -en el caso, se ofrecía pagar al contado- en tanto las mismas obedecen a las condiciones actuales de plaza. II) Corresponde hacer lugar a la medida de no innovar deducida por la concursada con el objeto de que una droguería mantenga el suministro de medicamentos a las farmacias que ella administra, si los mismos son abonados con arreglo a las condiciones actuales de competencia -prohíbe y sanciona la práctica de quién teniendo una posición dominante en el mercado, se niega injustificadamente a satisfacer la compra o venta de bienes o servicios, efectuadas conforme las exigencias del mercado. III) La concursada administradora de farmacias posee legitimación para peticionar una medida de no innovar tendiente a que una droguería mantenga el suministro de medicamentos a sus administradas, pues si bien en principio estas últimas serían quienes están autorizadas a peticionar lo conducente para la mejor defensa de sus derechos, al formar un conjunto económico y constituir la administración de aquellas su principal actividad, resulta evidente el interés directo e inmediato en el suministro oportuno de los productos que comercializan las citadas farmacias”.

Debemos preguntarnos, además, si ante las especiales características de la prestación en riesgo, tal es la prestación por parte de Fundación Escuela Medicina Nuclear discriminadas a fs. 46/49 de autos, y por otra parte, los tratamientos oncológicos prestados por fundación COIR, quizás la más compleja dentro del protocolo de prestaciones médicas regladas por normas nacionales y provinciales para la prestación del servicio de salud a obras sociales y particulares, en este caso, a los asociados a Círculo Médico de Mendoza, somos competentes para decidir sobre las disposiciones de ambas fundaciones, en tanto según denuncia el letrado de la concursada, estas han decidido suspender la prestación profesional si no se les paga lo adeudado.

Ante el interrogante de la pertinencia de esta cautelar para el mantenimiento de la prestación de los servicios señalados, ante valores en crisis, tales son, la imposición a ambos organismos de mantener el servicio eximiendo a la concursada del previo de pago a la fecha de presentación inicial y consecuente prohibición de la realización de pagos post presentación conforme arts. 16 y 17 LCQ, y ante la petición en subsidio de la concursada de considerarse esta petición como una solicitud de autorización en los términos del art. 20 LCQ, y por otra parte, la imposibilidad temporaria de asumir el pago de los servicios ya prestados, condición exigida por ambas fundaciones para el mantenimiento de los servicios, procederé a pronunciarme respecto del conflicto, tomando en cuenta por una parte la opinión doctrinaria de Favier Dubois, Eduardo M. (h) “. LAS MEDIDAS CAUTELARES CONCURSALES:” Puede afirmarse que desde el año 1991, en que bajo la vigencia de la ley 19551 publicamos una aproximación a la problemática y propusimos algunas interpretaciones para futuros debates(1), mucha agua ha corrido bajo el puente de las ?medidas cautelares concursales? Cabe recordar aquí algunas de las características de las medidas cautelares concursales, a saber: En primer lugar, presentan particularidades respecto de las medidas cautelares comunes en materia de: a) su posibilidad de dictado?de oficio?; b) la ausencia de contracautela; c) la posibilidad de afectar a terceros; y d) la posibilidad de perjudicar la competencia de otros jueces .En segundo término, tienen, no obstante su aparente disparidad, una inequívoca y unitaria finalidad, directa o indirecta: la defensa de la integridad del patrimonio del deudor, sea esta en interés del propio deudor, de los acreedores, de los trabajadores o de la comunidad en general...”, y por otra parte, la necesidad de no desamparar a los asociados a la entidad concursada, ordenando a Fundación Escuela Medicina Nuclear y Fundación COIR mantener la prestación del servicio por el lapso de 60 días, sin previo pago de los servicios adeudados a la fecha de presentación en concurso, e imponiendo el trámite previsto por el art. 20 LCQ, en consecuencia, deberá correrse vista a las entidades prestadoras por el término de diez días. Autorizada que sea la continuación por el plazo establecido, la concursada deberá arbitrar el modo de cancelar las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación, conforme lo prevé el art. 20 LCQ.

De más está decir, que la actividad desarrollada dentro del sistema público de salud, reviste el interés social que amerita decidir en estos términos. Señala Chomer, Héctor Osvaldo “Concurso y Quiebra Ley 24.522, comentada, anotada y concordada, Complementaria del Código Civil y Comercial, Tomo III, Editorial Astrea, año 2016, pág. 198 y ss. al referirse a las consecuencias que acarrea la declaración de la quiebra en el caso de empresa prestadoras de servicios públicos “...El funcionamiento normal de las empresas prestadoras de servicios públicos reviste, gran importancia económica y social, en razón del interés común que estas explotaciones afectan, y del evidente grave daño que su cese produciría a amplios sectores de la sociedad lo que ha motivado que el legislador haya dispuesto normas especiales para permitir la continuidad regular de aquéllos. Aprehender la noción de servicio público -su significado- compete, básicamente, al área del derecho administrativo, generando arduas discusiones que exceden los fines de este trabajo. Alcanza con decir aquí que la doctrina ha calificado a los servicios públicos mayormente en propios e impropios o virtuales, siendo los  primeros aquellos que presta el Estado por sí o por medio de concesionarios, mientras que los segundos son aquellos que tiene de común con el propio la satisfacción más o menos continua de necesidades colectivas, pero que se diferencia de aquéllos por no ser el Estado quien los presta ni los concede, sino que tan sólo los reglamenta...”, requiere su tratamiento contextualizado en el marco de los intereses que se pretenden tutelar con la decisión del Tribunal.

Además, debo considerar en este caso que la incorporación de los tratados internacionales consagrada en la Constitución de 1994, plasmada en el art. 75 inc. 22 ante la tensión de intereses en pugna, tales es, el interés de los prestadores de servicios a los asociados a Círculo Médico, y la vulnerabilidad de estos al no poder contar con los servicios que debe otorgarle la concursada, nos impone tener en cuenta al pronunciarme que la actividad médica “se encuentra íntimamente relacionada con derechos humanos reconocidos internacionalmente y en nuestro país a nivel constitucional, como el derecho a la salud. De allí que las instituciones médicas o, en su caso el médico, son responsables no solo por la prestación del servicio sino también porque este debe ser prestado de manera tal que con la deficiencia de la prestación efectuada no se ocasione daño a la salud del paciente. Se trata en definitiva de que no se traspasen ciertos límites de la norma ética que, vulnerando la condición del hombre como sujeto, se afecten sus derechos humanos esenciales, como el derecho a la vida y especialmente en esta materia como derivación de aquel, el derecho a la salud, que se caracteriza como todo derecho humano por la universalidad, la indivisibilidad, la integridad, la imprescriptibilidad, la irrenunciabilidad, la inalienabilidad, la inviolabilidad y la progresividad (Conf. Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio/1993)…”(Cortesi, M. Cristina, “La salud:¡Derecho humano o bien de consumo?, Editorial MicroJuris, Cita online: MJ-DOC-14880-AR MJD 14880).

Es por ello que;

RESUELVO:

I.- OFICIESE Ordenando a Fundación Escuela Medicina Nuclear y Fundación COIR mantener la prestación del servicio a Círculo Médico por el lapso de 60 días hábiles, desde la notificación de la presente, sin previo pago de los servicios adeudados a la fecha de presentación en concurso (25/02/2022). OFICIESE A INSTANCIA DEL TRIBUNAL ENCONTRANDOSE A CARGO DE LA CONCURSADA SU DILIGENCIAMIENTO.

II.- Asimismo, impongase el trámite previsto por el art. 20 LCQ, debiendo correrse vista a la Sindicatura y a las entidades prestadoras por el término de diez días (Arts. 20, 159, 274 y cctes. LCQ). NOTIFIQUESE POR CÉDULA A INSTANCIA DEL TRIBUNAL.

II.- Fecho, y para el caso de resolverse la continuación de la vigencia de los contratos, la concursada deberá arbitrar el modo de cancelar las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación, conforme lo prevé el art. 20 LCQ.

COPIESE.REGISTRESE, y NOTIFIQUESE según lo establece los arts. 26 y 273 inc. 5 Ley 24522 a la concursada y demás interesados. -

LRS

Dra. LUCIA RAQUEL SOSA Juez